El bloqueo de Moyano a Noticias, destacado en un informe sobre la situación de la prensa regional
Un informe del Comité de Protección de Periodistas detalla la situación de la profesión en
América Latina.
Ley de Medios y el mapa de países amenazados.
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Espionaje, amenazas, agresiones físicas, son sólo algunos de los problemas que
sufren los periodistas, según el último informe anual del Comité de Protección de Periodistas
(Comittee to Protect Journalists, o CPJ), una organización no gubernamental con sede en Nueva York
que se dedica a velar por la integridad de los trabajadores de prensa.
De acuerdo con
el informe "Ataques a la prensa en 2009", los periodistas deben enfrentar censura y autocensura, agresiones de grupos del crímen
organizado e incluso de agentes de los gobiernos democráticos."La violencia física sigue siendo el
problema más grave", explicó el argentino Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas
del CPJ,
en la presentación del reporte.
México y
Colombia -gobernados por el narcotráfico y los grupos parapoliciales asociados
al mismo- son algunos de los países donde el temor a las represalias lleva a cada vez más
periodistas a autocensurarse. Y no es de extrañar: Colombia
sufrió 40 asesinatos de periodistas desde 1992, lo que lo mantiene entre los cinco
países del mundo con más homicidios entre los trabajadores de prensa.
En
Venezuela, según el CPJ, han sido cerradas 34 estaciones de radio y televisión.
Situaciones similares, en menor medida, ocurrieron en Honduras y Ecuador. En
Cuba fueron encarcelados 22 periodistas mientras que en
Estados Unidos otro periodista fue arrestado por problemas con su visado.
El caso argentino. El informe destaca que nuestro país conquistó "dos importantes
victorias", con la despenalización del delito de calumnias e injurias y el fallo a favor de
Editorial Perfil sobre la publicidad oficial (que ahora debe esperar
la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
"Sin embargo,
esos avances se vieron oscurecidos en octubre por la polémica en torno a la ley
para regular los medios audiovisuales impulsada por el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández
de Kirchner",
afirma la CPJ.
"El gobierno afirmó que la ley pondría un freno a los monopolios y democratizaría la radio y
la televisión. Los propietarios de medios y políticos opositores, por su parte, consideraron a la
ley como un instrumento del gobierno para ejercer mayor control sobre el contenido informativo y
obligar a grandes grupos de medios a desprenderse de algunas de sus empresas", agrega el informe.
