Se trata de un procesamiento dictado en 2014 por el juez federal por "entorpecer las vías navegables" durante una supuesta protesta gremial que impidió el paso de barcos mercantes en cinco oportunidades. Suárez habría instigado a afiliados del SOMU a cortar el paso y negarle el remolque de embarcaciones extranjeras para pedirle coimas. El delito contempla penas que van desde los 2 hasta los 8 años de prisión.
Ese hecho es independiente de los que derivaron en su segundo procesamiento y orden de detención, que concretó el juez Canicoba Corral el martes pasado.
El sindicalista fue detenido, en otra causa, por "asociación ilícita en calidad de jefe, administración fraudulenta y coacción". La denuncia contra Suárez había sido realizada por la interventora del sindicato, la diputada nacional del PRO Gladys González, quien sostuvo que el objetivo de las maniobras era obtener el control accionario de la empresa Marítima Maruba SA, que posee el monopolio de transporte de cargo de las rutas marítimas y fluviales de Argentina.
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