El ala política de la Casa Rosada apuesta a “aprovechar” el impacto del escándalo de las coimas de Odebrecht con una ventilación masiva de funcionarios sobornados que, según sus previsiones, golpeará electoralmente al kirchnerismo.
Es la estrategia paralela a la encarada por la Procuración del Tesoro que, como representante de los intereses del Estado, busca estimar los sobreprecios de los trabajos de Odebrech para quitarle las obras.
La estrategia de usar a Odebrecht contra el kirchnerismo se vería afectada si aparecieran nuevos detalles que comprometieran al jefe de los espías, Gustavo Arribas, quien fue señalado ante la justicia brasileña como uno de los que, en plena gestión K, recibió dinero de la empresa constructora.
Aunque en la Casa Rosada creen que tienen el asunto “bastante neutralizado” -tanto en lo político, como en lo judicial- ningún funcionario ni dirigente de Cambiemos puede afirmar con grado de certeza que no habrá más sorpresas. Ayer, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, puso en palabras lo que está diciendo (no necesariamente lo que que está pensando) el presidente Mauricio Macri en privado. “Se trata de tapar el sol con las manos: Si hubo coimas de Odebretch fue a los funcionarios kirchneristas”, declaró.
Lo que dice Peña es lo que repiten en el Gobierno: Arribas no era funcionario durante el kirchnerismo y no tenía influencia sobre la paralización o el avance de la obra del soterramiento del Sarmiento, que Odebrecht tenía adjudicada en ese momento con IECSA, de Angelo Calcaterra, primo de Macri.
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De todos modos, las negociaciones con Odebrecht no están paralizadas. Ayer, el ministro de Justicia, Germán Garavano, analizó y debatió con los directivos de la empresa brasileña -en una nueva reunión- los términos del acuerdo que la firma selló con la justicia de Brasil, en base a documentos que envió el Ministerio Público Fiscal de ese país a las autoridades argentinas.
“Estamos buscando alternativas”, dijeron fuentes del Poder Ejecutivo. El asunto es que, en los términos en que Odebrecht proponía un acuerdo de colaboración, no era viable para la legislación argentina. Garavano quería saber, además, cómo había sido el trato con la justicia brasileña antes de creer 100 por ciento lo que transmitían los empresarios. Y buscar una salida política y jurídica que permita obtener la colaboración eficaz y rápida de los constructores.
Si los frutos de esa negociación se ven antes de octubre, la Casa Rosada lo celebrará. “Nosotros queremos contrastar nuestra voluntad política contra la corrupción con la que tuvo el kirchnerismo en 12 años”, explicó un dirigente oficialista.
