Preparación de testigos presuntamente inconsistentes, intentos de instalar hipótesis y el supuesto direccionamiento de la causa. En el gobierno nacional aseguran que, en las sombras, la Procuradora, Alejandra Gils Carbó, es una pieza clave en la marcha judicial de la causa por la desaparición del joven Santiago Maldonado.
Tanto en Casa Rosada como en varios ministerios apuntan que la Procuradora busca legitimar la hipótesis para inculpar a la Gendarmería y que su rol fue preponderante en este tema. Una de las acusaciones es que la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) fue la que habría preparado al testigo Matías Santana, quien aseguró haber visto, desde su caballo y con binoculares, cómo la Gendarmería se llevaba al joven. Hoy este testimonio está en la mira del juez de la causa, Guido Otranto. También, por haberle tomado declaración a testigos que se presentaron encapuchados y sin DNI que, según informaron fuentes oficiales, se debía al temor de ser reconocidos. Sin embargo, en la propia fiscalía alertaron que uno de ellos podría ser un policía. Acaso por ello nunca se reveló su identidad. “Están intentando plantar pruebas desde hace semanas”, le dijo a este diario un miembro del gabinete.
La Procuvin tiene como jefe máximo a Félix Crous, de Justicia Legítima. Desde la Procuración dijeron a PERFIL que el organismo “tiene una trayectoria reconocida en organismos internacionales”, y apuntaron: “el Gobierno debería dejar que investigue la Justicia”.
En la Rosada creen que la Procuvin apunta a un extraño documento de Inteligencia de la Policía Federal donde se explicaba cómo murió Maldonado a manos de las fuerzas de seguridad. El informe, desmentido por la policía, fue remitido por la Procuvin a la fiscal de Esquel Silvina Avila. “La difusión de ese informe correspondió al propio Ejecutivo, será una interna de las fuerzas de seguridad”, dijeron cerca de la Procuradora.
Lo cierto es que Gils Carbó habría retado hace dos semanas a la fiscal Avila por un informe en el cual no puede establecer, al menos por ahora, la responsabilidad de Gendarmería en la desaparición. Por lo pronto, la Procuradora le envió a la fiscal cuatro empleados para colaborar con la búsqueda y la investigación.
Paralelamente el lunes Amerigo Incalcaterra, representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunirá con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y con el ministro de Justicia, Germán Garavano. Con sede en Santiago de Chile, la Oficina tiene como misión proteger los derechos humanos. Ayer se reunió con Gils Carbó para saber cómo se encuentra el caso Maldonado.
