Es por una presunta “
duplicación de decretos”. A la pelea entre el vicepresidente y Jaque se le
suma ahora un capítulo judicial.
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Cedoc
Con el PJ al mando de su propia provincia, Julio Cobos no para de sumar problemas. Es que el gobernador de Mendoza, Celso Jaque, abrió un nuevo capítulo en el enfrentamiento que mantienen ambos políticos al denunciar penalmente al vicepresidente y su ex ministro de Obras Públicas, Francisco Morandini, por una supuesta irregularidad en la duplicación de un decreto.
La denuncia fue presentada por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Alejandro Cazabán, ante la Fiscalía de Delitos Complejos y se remitió copia a la Fiscalía de Estado para que inicie una compulsa administrativa.
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El hecho fue descubierto por la actual subsecretaria de Servicios Públicos, Patricia Martínez, quien encontró en un archivero un decreto original firmado por el entonces gobernador y actual vicepresidente de la Nación y el ministro de Obras Públicas. En ese decreto, el 2885, con fecha 24 de octubre de 2007, se modificaba el marco tarifario eléctrico de la provincia.
No obstante, al cotejarlo con el Boletín Oficial ese número de decreto hace referencia a que el ministro de Obras dejaba su cartera en manos del entonces ministro de Turismo Pedro Marabini, porque debía ausentarse de Mendoza.
Según señalaron fuentes gubernamentales, no existe registro del decreto supuestamente "duplicado", ni tampoco una constancia del curso que siguió. Por lo tanto, los investigadores presumen que pudo haber sido reemplazado, cuando la empresa concesionaria del servicio eléctrico, EDEMSA, impugnó las modificaciones al cuadro de tarifas ante la Justicia Federal, en noviembre de 2007.
Al parecer, la Justicia Federal ordenó entonces suspender la vigencia y los efectos de ese decreto, que hoy se presume "paralelo" y, cuando el gobierno provincial fue notificado de esa sentencia, se habría constatado que nunca estuvo publicado en el Boletín Oficial.
Según publicó el diario L os Andes, al actual diputado nacional Jorge Albarracín, habría sido el encomendado para responder la acusación, ya que en aquella época se desempeñaba como secretario Legal y Técnico de la gobernación. El legislador señaló que el decreto modificando las tarifas eléctricas nunca entró en vigencia porque fue cuestionado por la misma empresa distribuidora antes de su publicación.
