El Gobierno nombró menos de la mitad de los jueces que pretendía y no echó a ninguno

El plan de renovación judicial del Gobierno empieza a entrar en zona de crisis. O al menos en una fase de incumplimiento respecto de sus objetivos centrales. A principio de año, el macrismo armó un ambicioso cronograma de cambios en el Poder Judicial, dividido por cuatrimestres y con metas concretísimas para el 2017. Esa suerte de paper interno proyectaba la sanción o destitución de ocho jueces y camaristas: Eduardo Freiler para fines de abril; y otros cuatro para fines de agosto, con Daniel Rafecas integrando ese grupo. Al momento, sin embargo, el oficialismo no logró impulsar juicios políticos contra ninguno de la lista.

Para el segundo cuatrimestre, otro de los objetivos macristas era cubrir una parte de los más de 250 cargos vacantes en la Justicia Federal y Nacional. Ese espacio sin designación formal se suele reemplazar con subrogantes, ubicados en situación de mayor debilidad y dependencia que un juez titular.

Según la hoja de ruta PRO, el Consejo de la Magistratura debería haber empezado el trámite para llenar 15 puestos de la Justicia Federal y 16 de la Nacional. Esa cantidad estaba planificada para fines del primer cuatrimestre del año. Y para el segundo, la meta es (todavía lo es, pese a que falta poco más de un mes para que se venza el plazo) postular candidatos para cubrir 16 puestos federales y 31 nacionales. En total, 78 lugares en el organigrama judicial.

A la fecha, sin embargo, el Consejo (se necesitan nueve votos sobre 13) aprobó nueve concursos para cubrir 34 cargos. Los motivos de ese rebaje varían según quién opine. Para los operadores macristas, la principal responsabilidad recae sobre la oposición: en concreto, el kirchnerismo con representación en el Consejo. Al oficialismo le cuesta conseguir el noveno voto. “Pese a ese freno, revertimos la parálisis de años previos: en 2011 sólo se elevaron seis ternas”, afirman desde el Consejo. Según la mirada kirchnerista, al oficialismo le falta vocación de diálogo.

Si bien el plan está lejos de lo planteado, desde el ministerio se jactan de lo conseguido. “Ya nombramos más jueces (más de cien) que De la Rúa y Duhalde”, aseguran. Y a su vez relativizan la existencia de un único proyecto rector.

El llamado a concurso en el Consejo es sólo la primera instancia del proceso para designar a un juez: después viene el armado de las ternas dentro del Consejo, el análisis del ministerio y la elección de uno por parte del Presidente. Al final, el Senado debe dar su acuerdo. Sin mayoría propia en el Consejo (aunque se encuentra cerca de conseguirlo) y franca minoría en el Senado, al macrismo le cuesta pasar de la teoría a la realidad.

Sobre los jueces a destituir, el macrismo armó una agenda de recambio: su expectativa para 2017 era que ocho funcionarios fueran destituidos vía jury. Para el primer cuatrimestre, su aspiración era haber echado al camarista Eduardo Freiler, por mal desempeño y enriquecimiento ilícito. No lo logró, pese a que el presidente de la comisión de disciplina del Consejo, el macrista Pablo Tonelli, no se da por vencido.

Para los cuatro meses siguientes, los apuntados eran Daniel Rafecas, Jorge Ferro (camarista de Mar del Plata), Martín Bava (juez federal de Azul) y Oscar Hergott (camarista del Tribunal Oral Federal de la Capital). Para una tercera etapa, en la lista de posibles removidos o sancionados figuran Ana María Figueroa (de la Cámara de Casación), Alejandro Slokar (de la influyente Cámara de Casación Penal), y Mario Reynaldi, del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. Hasta ahora, esos ocho funcionarios siguen en sus puestos.

Firman decreto para que paguen Ganancias. Tras algunas dilaciones y pataleos del Poder Judicial, sumados a ciertas disidencias dentro de Cambiemos, Mauricio Macri firmará el decreto para que en adelante los jueces paguen impuesto a las Ganancias. El Presidente lo haría en la próxima semana, reglamentando la ley aprobada en diciembre pasado. Según el texto, coordinado desde el Ministerio de Justicia, pagarán el impuesto los jueces, fiscales y defensores, empleados y funcionarios que hayan sido designados este año. “Deben pagar. Eso los pone en una situación de igualdad con todos nosotros que pagamos ese impuesto”, había declarado el ministro Garavano meses atrás.

Dentro de la coalición de gobierno, Elisa Carrió era una de las que se oponía que los funcionarios judiciales en funciones quedaran a salvo de esa obligación. La diputada y actual candidata de Cambiemos pretendía que todos los jueces pagaran ese impuesto a los altos ingresos. Finalmente, se impuso un criterio un poco más flexible y amistoso hacia los magistrados.

Así, tras años de largos debates, quienes concursen para acceder a un juzgado, de lograrlo, deberán tributar Ganancias. Con una salvedad: los jueces que pasen a camaristas, en cambio, quedarán exentos. El texto ya está consensuado dentro del Gobierno y sólo resta la firma presidencial. Si bien desde hace meses que distintos voceros de Gobierno vienen anunciando la inminencia de la decisión, ahora juran que faltan pocas horas para la reglamentación. “Lo hará esta semana”, revelaron desde el oficialismo.