Los prematuros sobresaltos que atravesó el gobierno de Mauricio Macri durante los primeros meses de gestión en materia de seguridad promovieron la necesidad de ajustar el foco en temas relacionados al sector. En este marco, desde el Ministerio de Justicia se ordenó realizar una auditoría interna y externa integral en el Servicio Penitenciario Federal en busca de posibles irregularidades en la administración de los fondos públicos destinados a las cárceles federales durante gestiones anteriores. Eso significa que se analizará qué hicieron los gobiernos anteriores con los fondos destinados al Servicio Penitenciario y si hubo irregularidades o corrupción por parte de las autoridades. La medida fue impartida por el Subsectetario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El funcionario quiere un diagnóstico para implementar una reforma en el sistema y evitar que las cárceles federales se conviertan en un cultivo de crisis para el nuevo gobierno. Mahiques solicitó el análisis de varios puntos clave en el Servicio Penitenciario, entre ellos las condiciones de detención de los 10 mil presos que están bajo su órbita. Eso incluye también analizar cómo se usó el dinero asignado a la alimentación, salud y seguridad de las cárceles, confirmaron fuentes oficiales a PERFIL. De esta manera, el gobierno nacional busca evitar nuevas desventuras en materia de seguridad, como sucedió a fines de diciembre y principios de enero con la triple fuga de Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, tres de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez que escaparon del penal de General Alvear, que depende del Servicio Penitenciario Bonaerense. La recaptura de los prófugos duró 16 días e incluyó una falsa detención que levantó sospechas de complicidad por parte de la Policía y otras fuerzas de seguridad. La auditoría también servirá para analizar qué tan sobrepobladas están las cárceles, especialmente en las que se ubican en la zona metropolitana, y a analizar si se cumplen los dictámenes judiciales, como los habeas corpus presentandos por los detenidos. La Subsecretaría aseguró que convocará a una Mesa de Trabajo que incluya a representantes de los tres poderes del Estado, de la comunidad académica, científica, de organismos internacionales y de la sociedad civil, para consensuar un nuevo modelo penitenciario.
