"Lo que no ordena la política, lo ordena el juego". La frase de un ex legislador porteño da cuenta del estrecho vínculo que mantiene la política con el millonario negocio de los juegos de azar.
La relación tiñe a los partidos políticos y se enmarca dentro de un esquema de poder que deja escasos recursos a los Estados en comparación con los cuantiosos ingresos que se generan. Por el contrario, muchos de los empresarios del sector colaboran con gobiernos y campañas, y hasta son dirigentes políticos.
Aunque no hay datos oficiales al respecto, extraoficialmente se calcula que el negocio del juego mueve más de $100 mil millones en todo el país anualmente. De esa suma, más del 70% corresponde a la zona metropolitana (Ciudad y Provincia de Buenos Aires).
La cifra toma más fuerza aún si se la compara con lo recaudado por YPF en el último año: 58 mil millones, la mitad de lo que factura el juego. En comparación con los fondos de la Anses: el juego ya mueve la misma caja que la mitad de los fondos de los jubilados ($209 mil millones) utilizados por el Gobierno para financiamiento desde el Fondo de Sustentabilidad.
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