Por qué el juez federal Norberto Oyarbide toma las decisiones que toma en sus causas. En esta nota, PERFIL expone una serie de decisiones jurídicas que muestran un modus operandi, un patrón que se repite en sus causas, al borde de la parcialidad, que están bajo la lupa del Consejo de la Magistratura y que llevan a sospechas de corrupción judicial.
Entre agosto y diciembre, Oyarbide debió ser apartado de tres expedientes en los que investigaba supuesto lavado de dinero: Schoklender, Alhec y la causa en la que fue allanada la financiera Propyme, de Guillermo Greppi, y que terminó con un escándalo de supuestas coimas y un funcionario clave del Gobierno expuesto. Además, uno de sus pares decidió no enviar a juicio a Mauricio Macri porque no encontró pruebas suficientes en la instrucción de Oyarbide en la causa de las escuchas ilegales. Cuatro cachetadas judiciales en menos de ocho meses.
Al reconocer que levantó un allanamiento en la financiera de Greppi tras el llamado del funcionario Carlos Liuzzi, número dos de Carlos Zannini, el juez volvió al escándalo. Pero otros casos permanecen escondidos en centenares de miles de fojas de distintos expedientes que instruyó junto a su mano derecha y secretario letrado, Carlos Leiva.
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PERFIL mostró estos casos a la diputada Laura Alonso (PRO) y al senador Mario Cimadevilla (UCR), quienes vienen siguiendo el accionar del juez. Alonso dijo que “parecería existir un patrón. En algunos casos, los ‘perejiles’ son inhibidos y después salvados. En el medio, podrían ‘aceitarse’ determinados mecanismos para beneficiar al perejil de turno. No debería extrañar que sea un modus operandi de la corrupción judicial –que se extiende más allá de un juzgado en particular–. No sorprendería que participen, además, operadores judiciales, los policías y contactos políticos”.
Cimadevilla es uno de los miembros del Consejo de la Magistratura que deberá juzgar el accionar de Oyarbide, quien ya lo recusó por haberlo criticado. El senador dijo que el kirchnerismo se niega a solicitar las pruebas que pueden comprometer al juez. “Estuve hasta las dos de la mañana elaborando el pedido de prueba contra el juez, solicitando que nos envíen una de las causas por la que está denunciado para analizar con el expediente que instruyó Oyarbide, por qué tomó las decisiones que tomó, por qué decidió allanar esas financieras. Pero el pedido nunca pudo avanzar porque la mayoría del Consejo no lo autoriza”, contó a PERFIL.
A continuación, las decisiones que pesan sobre Oyarbide.
Caso I. La causa Schoklender es uno de los expedientes más llamativos. En agosto, la Cámara Federal apartó al juez. En el Juzgado Federal Nº 8, que ahora tiene que reiniciar la investigación por supuesto lavado y defraudación al Estado, explicaron a PERFIL que, de los 205 cuerpos instruidos por Oyarbide, no pudieron usar nada como prueba, eran todos entrecruzamientos de accionistas y sociedades anónimas. Sólo sirvieron algunas pericias policiales. Este expediente presenta varias situaciones llamativas. Por ejemplo, el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi debió resolver la situación de una serie de perejiles que padecían desde hacía dos años una inhibición general de bienes. El juez fue muy estricto en algunos casos. Pero, en otros casos, incluso con pruebas que realmente comprometen a los imputados, Oyarbide tuvo otro criterio. Al dueño de la financiera Monetización le dictó la falta de mérito. El fiscal Jorge Di Lello apeló esa decisión, convencido de que el financista había sido el “vehículo financiero utilizado como parte del plan criminal de los autores”.
Caso II. En noviembre, la Cámara Federal planteó un paralelismo entre el modus operandi del magistrado en las causas Schoklender y Alhec, en la que se investigaba el supuesto lavado de dinero de pases de jugadores de fútbol a través de una financiera. Uno de los puntos que más llamó la atención fue que Oyarbide encarceló a los sospechosos –desde contadores y jefes hasta empleados rasos– sobre la base de que existía peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Dos semanas después, sin embargo, el juez dispuso los procesamientos de las mismas personas sin prisión preventiva porque “no existían riesgos procesales”. Fueron liberados un domingo por la noche, una fecha inusual en Tribunales. Los camaristas aducen “decisiones caprichosas” de su señoría.
Caso III. La causa por la “mafia de los medicamentos” fue uno de los expedientes más famosos de Oyarbide. Entre las decenas de droguerías investigadas y allanadas –muchas de ellas quedaron realmente comprometidas penalmente– se encontraba una droguería proveedora de medicamentos de la obra social de Hugo Moyano. La droguería estaba presidida por Cristian Di Marco y otro socio que oficiaba como vicepresidente. Ambos fueron imputados y allanados. Ambos figuran en la caratula de la causa y presentaron distintos abogados. El abogado Fernando Burlando incluso pidió la eximición de prisión de Di Marco, esperando lo peor. Pero el juez nunca avanzó sobre el presidente, sino sobre el vicepresidente de la compañía. Ni siquiera llamó a indagatoria a Di Marco para pedirle explicaciones, como si nunca hubiese existido sospecha. Nadie en Tribunales cree que el patrón que se repite es fruto sólo de “caprichos”. La clave, según entienden quienes conocen las causas, estaría en aquello que se recibe a cambio
