El polémico juez federal Norberto Oyarbide entra en escena en el Boudougate y podría quedarse a cargo de la causa por lavado de dinero y tráfico de influencias del Vicepresidente, ya que en sus manos recayó otra causa sobre la quiebra de Ciccone Calcográfica y podría pedir la unificación de los dos expedientes en su despacho.
El fiscal Jorge Di Lello tiene que pronunciarse sobre la posibilidad de que Oyarbide se haga cargo de la causa, pero fuentes del caso indicaron que la intención del funcionario es que la investigación quede en manos de su colega Rívolo y el juez Daniel Rafecas, que ya lleva la denuncia de la ex mujer del supuesto testaferro de Amado Boudou.
Y el mismo Oyarbide tiene que definir si reclama la causa de Rafecas y éste la acepta o no, o bien determina que ambas causas se acumulen y sean investigadas por el fiscal Rívolo y el magistrado Rafecas. Por eso, Di Lello le pedió hoy al juez Oyarbide que certifique cuál es la causa más avanzada por la quiebra y venta de la imprenta Ciccone Calcográfica.
Es que Oyarbide desarchivó la denuncia de otro particular, llamado Jorge Pacífico -esta semana ratificó la demanda- para investigar esos hechos, pero hace unas semanas se radicó una investigación similar en el juzgado del juez Rafecas, donde se denuncia directamente al Vicepresidente.
Di Lello solicitó a Oyarbide que certifique no sólo las fechas del inicio de la causa que él tiene su poder y aquella que ingresó tiempo después al juzgado a cargo de Daniel Rafecas, sino también el estado avanzado que tiene cada una. Según trascendió, la intención de la fiscalía a cargo de Di Lello es que la causa quede a cargo de su par Carlos Rívolo, a quien Rafecas le delegó el expediente.
El Código de Procedimiento Penal habilita a que ante denuncias similares el juez más antiguo es quien se queda con la causa (en este caso Oyarbide), pero también se advierte que la causa deberá quedar en manos del que haya avanzado más en la pesquisa (Daniel Rafecas).
La causa central de Rafecas. Delegada esa causa en manos del Ministerio Público, el fiscal Carlos Rívolo ya solicitó una serie de documentación oficial sobre la quiebra de la firma que aún no había llegado hasta hoy a su despacho, indicaron fuentes judiciales.
Se trata del expediente solicitado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la quiebra, la causa que llevó adelante en el 2001 el juez comercial Javier Cosentino, disposiciones de la Secretaría de Comercio Interior y presentaciones en la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y de Contrabando (UFITCO).
A su vez, Rívolo analiza los dichos emitidos el viernes pasado en Mendoza por Laura Muñoz, esposa de Alejandro Vandenbroele, amigo de la infancia de Boudou y a cargo del grupo de inversión 'The Old Fund SA' que levantó la quiebra de Ciccone. La mujer ratificó que su marido sería el testaferro del vicepresidente de la Nación.
Lo cierto es que el fiscal Rívolo ya trabaja sobre todos estos aspectos de la causa por los delitos de lavado de dinero y trafico de influencias, pero la presentación de otra denuncia anterior podrían hacer complicar su futuro en la causa, informó la agencia DyN.
