El juez rechazó detener e indagar a De Vido y ordenó buscar evidencias

Refugiado en el hermetismo, el juez federal Luis Rodríguez decidió ayer rechazar, por el momento, el pedido de detención y desafuero del ex ministro Julio De Vido, actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. También rechazó llamarlo a indagatoria al considerar que “no hay pruebas suficientes” en la causa para citar a De Vido; su mano derecha en el ex Ministerio de Planificación, Roberto Baratta; y otras 21 personas por el supuesto desvío de millones de pesos de la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), como reveló PERFIL en mayo de 2016.

La decisión de Rodríguez fue tomada ante un pedido que realizó el martes el fiscal Carlos Stornelli y que descolocó a jueces y fiscales por su incidencia directa en la campaña electoral.

La figura de De Vido es una de las principales contradicciones de los juzgados federales. Mientras fue el ministro más poderoso de los Kirchner, jamás debió pisar los tribunales de Comodoro Py. Como ministro había montado una estructura ministerial pensada para ordenar, lograr sus objetivos y zafar. Delegaba las firmas de convenios, licitaciones y resoluciones más polémicas en los secretarios y subsecretarios de Estado que integraban su ministerio: Ricardo Jaime en Transporte; José López en Obras Públicas.

Esa es la razón que muchos jueces y fiscales argumentaban ante la misma pregunta que se repetía mientras pasaban los años: ¿por qué De Vido no cae? “Porque sabe hacer política”, se  sinceró un magistrado durante aquellos años. De Vido, a diferencia de los Kirchner, Jaime y López, supo construir una relación personal con jueces, fiscales y operadores. “Es mi hermano”, lo definió uno de los principales operadores judiciales de los Kirchner que más tarde se transformó en operador de la oposición. Cristina Kirchner había empezado a desfilar por Tribunales pero De Vido seguía inmune a los avances judiciales. Hasta que el tiempo le llegó. El escudo que supo construir se agujereó y fue penetrado por las balas de sus causas. La tragedia de Once -52 muertos-; la corrupción en la obra pública; los negociados en la importación de combustible; los desvíos de fondos en Yacimientos Río Turbio. Ya suma al menos tres procesamientos por los delitos de asociación ilícita, defraudación a la administración pública y el descarrilamiento de Once. Se le acumulan más procesos penales.

Stornelli había pedido que el juez detenga a De Vido, Baratta y otras  21 personas; que los indague; y otras medidas secretas, como allanamientos. También, solicitó la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) para seguir la ruta de los fondos públicos que investigan. Para el juez, “las pruebas reunidas hasta el momento” en el expediente no son suficientes para sostener lo que argumenta el fiscal Stornelli: que De Vido, Baratta y el resto de los imputados ponían en riesgo la investigación estando en libertad o podían fugarse. La estrategia legal de De Vido apuntó esta semana a mostrarse “a disposición de la Justicia” para rebatir esa hipótesis.

El juez tampoco considera que hay pruebas para citarlos a declaración indagatoria, confirmaron fuentes judiciales.

Ayer, el juez Rodríguez sólo dio lugar a los allanamientos solicitados por el fiscal y a la intervención de la UIF, además  de pedidos de informes a organismos del Estado y entidades privadas. En total, ordenó unas 30 medidas. Por eso, Rodríguez dispuso el secreto de sumario en la investigación, por el plazo de diez días para evitar que los abogados defensores y la prensa tengan acceso a la información que busca acumular.

Fuentes de la causa informaron a PERFIL que apuntan a reunir la prueba necesaria para citar a los sospechosos a indagatoria en el futuro.

El magistrado no tenía pensado tomar decisiones en esta causa hasta después de la feria judicial que comienza en diez días. Así lo sostuvieron fuentes directas del expedientes. De hecho, el juzgado está armando una megacausa relacionada con el manejo de fondos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y desde hace meses busca acumular todos los expedientes relativos a este caso que se desparramaron por distintos juzgados federales. De esta forma, buscaba tener el control de uno de los casos que más comprometen a De Vido y a Baratta.

El caso: una maniobra de desvío
La causa que pone a De Vido otra vez en la mira investiga el supuesto desvío de $ 265 millones en la mina de carbón conocida como Yacimiento Carbonífero Río Turbio., ubicada en la provincia de Santa Cruz.
PERFIL reveló en mayo de 2016 cómo era la operatoria.  El ministerio habilitó que Yacimientos firmara convenios con el rector de la UTN para que la universidad y su fundación hicieran los pagos que debía hacer el estado. Muchas de las  compras de insumos, maquinarias, obras o capacitación, se contrataban a través de cuatro regionales de la UTN. El ministerio de De Vido enviaba los fondos y ordenaba a Yacimientos que pagara las sumas. Yacimientos las desviaba a la UTN y ésta a los proveedores. Los números que este medio pudo comprobar a través de documentación oficial apuntaba a desembolsos por al menos $ 3 mil millones mediante contratos directos gracias a que los pagos se hacían a través de la
UTN y su fundación. Este mecanismo, según los denunciantes, encarecía todos los contratos en un 21 %, que se justificaba como “gastos administrativos” de la UTN y de su fundación. Por allí, podrían haberse camuflado sobreprecios y pago de sobornos que ahora deberá investigar la Justicia.
Otra de las sospechas apunta al “tren de la alegría”, como se bautizó a un tren turístico armado en torno a la mina.