POLITICA
caso reynoso

“El juez se encargaba de cobrar las libertades de los narcotraficantes”

Los fiscales Iglesias y Villalba investigaron al magistrado de Orán que fue procesado por su complicidad con los narcos. <strong>El desafío.</strong>

Pruebas. El fiscal Iglesias trabajó en la acusación contra Reynoso en Buenos Aires mientras Villalba reunía testigos en Salta.
| Juan Obregon

“Las primeras resoluciones que sacaba el juez contra los acusados de narcotráfico eran muy duras. Quedaban detenidos, pero luego cambiaban de abogado y quedaban sobreseídos. Lo único que había cambiado era el abogado. La prueba era la misma. El juez se encargaba de cobrar por las libertades. El estándar eran $ 500 mil. Les daba la libertad y volvían a entrar al mes siguiente con droga”. Así el fiscal federal Diego Iglesias resume el caso del juez federal de Orán (Salta) Raúl Reynoso, el magistrado que esta semana quedó finalmente suspendido de su cargo. Está procesado por supuesta extorsión y complicidad con el narcotráfico.

Iglesias es el titular de la Procuración contra la Narcocriminalidad (Procunar) y trabajó junto al fiscal federal de Salta Eduardo Villalba.

—¿Qué destapa este caso sobre la Justicia?
VILLALBA: El caso Reynoso dejó en evidencia las falencias del sistema y la virtud de la Procuraduría (Procunar) y del trabajo en equipo. Nosotros (en Salta) no teníamos la visión global (del caso). En cada expediente de Reynoso, veíamos resoluciones contrarias a derecho o desatinadas, pero no teníamos la visión global de lo que era.
IGLESIAS: A su vez, hubiese sido imposible hacer este trabajo sin la presencia del fiscal del lugar.
—¿Qué falencias del sistema judicial quedaron expuestas?
I: El juzgado de Orán tiene jurisdicción sobre casi toda la frontera con Bolivia, uno de los tres países productores de cocaína. Es la puerta de entrada. Los narcos tienen una capacidad de adaptación que no tenemos ni los fiscales ni los jueces. En esos lugares como Orán sería deseable tener mucha más presencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Esto no habría pasado si el Estado hubiese tenido más presencia. A partir de este caso, en Orán ya no tenemos un fiscal sino dos. Pero tenemos que ser versátiles. Si fortalecemos Orán, el narcotráfico va a buscar otra vía, como Tartagal. Tenemos que estar preparados para movilizarnos como se movilizan los narcos.
—A diferencia de los casos de corrupción, en los que no se aplica la ley del arrepentido, aquí se aplicó...
I: Los acusados nos denunciaron penalmente por haber omitido denunciar a los testigos que declararon haber pagado al juez para aliviar la situación procesal de sus familiares. Pero el juez les estaba exigiendo ese pago, no había un acuerdo de voluntades. El mensaje era: “Tienen que hablar con estos abogados”. Los supuestos narcos van a seguir siendo investigados.
V: Reynoso detenía a los narcos, los encarcelaba y los extorsionaba. Utilizaba los mecanismos del Estado en la luchar contra el narcotráfico para enriquecerse.
—¿Qué aportaron los empleados del juez?
V: Tenemos seis testigos que trabajaban en el juzgado de Reynoso. Un empleado fue valiente y colaboró antes del allanamiento: nos dio la columna vertebral de cómo funcionaba el juzgado. Luego, se animaron otros cinco. Llegaron a la ciudad de Salta a las doce de la madrugada y pidieron declarar.
I: Un testigo clave fue quien participó en la confección de la resolución judicial en la que Reynoso determina que el empresario Sejas Rosales era un “actor secundario” del tráfico de cocaína en diez de sus camiones. Este empleado de Reynoso le dijo al juez que era imposible en base a las pruebas resolver como el juez quería que se resolviera (Sejas Rosales es un empresario boliviano dueño de decenas de camiones cisterna y en diez oportunidades sus choferes cayeron con cocaína en los camiones, incluso dentro de un doble fondo de la cisterna). “Bien, mal o más o menos, esto hay que hacerlo. Hacé lo que yo te digo”, fue la respuesta de Reynoso.