El kirchnerismo votó en contra de la ley de Acceso a Información Pública
Los primeros artículos fueron apoyados en forma unánime, pero luego el clima se recalentó y
Pichetto anunció que "se opondrían a la ley completa". Los detalles.
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Cedoc
En su larga sesión de hoy, la Cámara de Senadores aprobó y envió a Diputados el proyecto de Acceso a la Información Pública, pese a que el bloque del Frente para la Victoria votó en contra de la norma al promediar la discusión en particular de la iniciativa. Al comenzar el debate el oficialismo pidió postergar la discusión en una semana a fin de terminar de acordar un texto común, pero la iniciativa fue rechazada por los opositores que consideraron que los avances logrados en la comisión eran suficientes para llegar a definiciones.
Los primeros artículos recibieron el voto positivo unánime de los 59 legisladores presentes en el recinto, pero tras numerosas discusiones de detalles y algunas dificultades para definir la manera de sufragar, el titular del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, pidió que se votara toda la ley de una sola vez y anunció que se opondrían a todos los artículos.
El desafío que planteó el oficialismo, resultó finalmente positivo para los opositores que consiguieron 38 adhesiones, contra 26 del bloque oficial. La norma, que había sido aprobada en general en la sesión del 8 de septiembre, crea el concepto de información pública y establece que "toda persona, física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, acceder y recibir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna" y esto "no puede ser objeto de restricciones que le resten eficacia, o de interpretaciones que lo limiten" por parte de funcionarios del Gobierno.
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Crea un centro de acceso a la información pública en cada uno de los tres poderes del Estado y crea unidades de enlaces en los organismos que quedan obligados por ley. También fija que las excepciones al cumplimiento de las normas de la legislación sólo pueden ser establecidas por ley del Congreso y fija los procedimientos administrativos y judiciales a los que se podrá apelar en caso de incumplimiento por parte de los funcionarios públicos. También fija un plazo de diez días hábiles para que los funcionarios respondan a los pedidos de información, tras lo cual podrá recurrirse a la Justicia. La iniciativa respondió a una presentación realizada por el legislador de Buenos Aires, Samuel Cabanchik y contó con el acuerdo de los opositores.
