POLITICA
Cansado de las cautelares

El macrismo también quiere "democratizar" la Justicia porteña

default
default | Cedoc

“Un vaso de agua y un amparo no se le niega a nadie”. La frase, entre cómica y patética, la suelta un hombre de PRO, parafraseando a Cristina Kirchner, mientras mira en la TV una manifestación contra las obras del Metrobus en 9 de Julio, frenadas durante casi dos meses por la Justicia.

En el Gobierno porteño están convencidos que hay que realizar una reforma judicial en la Ciudad, en particular en lo que concierne a la posibilidad de que una medida cautelar le frene  decisiones al Ejecutivo. El último caso fue el freno al aumento de tarifas en el subte (de $2,50 a $3,50), por el cual el Gobierno presentará una apelación ante la Cámara el próximo miércoles.

La futura reforma judicial será lanzada luego de que el kirchnerismo presente la batería de proyectos para “democratizar la justicia”. Esta decisión tiene que ver con poder conseguir los votos del Frente para la Victoria en la Legislatura porteña.

Los cambios en la Justicia tienen varias aristas. La principal se centra en la admisibilidad de las cautelares. Esto es, quiénes y cómo pueden presentar un amparo que pueda cambiar una decisión del Ejecutivo. La reforma al Código Contencioso Administrativo prevé que, una vez presentado un amparo, el juez le dé traslado al Ejecutivo en 48 horas para que responda antes de establecer cualquier medida. También implica la fijación de una contracautela. Es decir, un bien patrimonial del demandante (puede ser dinero o no) con el cual deberá responder si la causa del amparo no es encontrada razonable por la justicia. Otra idea que ronda por los asesores jurídicos de Macri es impedir que un legislador opositor se transforme en querellante, a pesar de que en esos casos se presentan como simples vecinos. Otro punto será que los amparos “no afecten al interés público”. Esto supone que si se frena una obra, salvo que sea por cuestiones irreversibles (como el daño ambiental), se generan mayores gastos al Estado y complica la gestión.

En 2009 el PRO quiso avanzar en algunos de estos puntos pero la oposición del kirchnerismo logró frenarlos. El ex legislador Martín Borrelli había presentado una iniciativa que permitía recusar a un juez sin causa por única vez. Ahora el macrismo no quiere avanzar en esa dirección pero sí buscará desarmar el poder de los jueces que considera “opositores”. Ellos son, principalmente Patricia López Vergara, Elena Liberatori y Roberto Gallardo. A ellos se le sumó Pablo Mántaras, quien impidió el aumento de la tarifa del subte. En el PRO lo vinculan a su pasado en la Defensoría General, a cargo del kirchnerista Mario Kestelboim y donde trabaja una buena cantidad de jóvenes de La Cámpora. “Son siempre los mismos jueces, que además tienen sueldos altísimos”, acota un funcionario, tras cerrar su planilla de Excel con todos los cargos de los jueces y sus salarios. Otros puntos de la reforma  porteña están vinculados a cambios en el ministerio Público Fiscal, el reclamo por delitos transferidos desde la Nación a la Ciudad sin partidas (el Gobierno nacional debe más de $120 millones) y la aprobación del pliego de Inés Weinberg de Roca, la elegida por Macri para completar el Tribunal Superior de Justicia porteño.