La reforma judicial, que le costó al Gobierno una derrota en 2013, suma un nuevo capítulo este año. El anteproyecto del nuevo Código Penal que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encargó en mayo de 2012 vería la luz en los próximos meses. La mandataria solicitó a través de un decreto que una comisión de juristas presidida por el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, redactara la reforma del Código Penal. El proyecto preliminar ya estaría listo y debería ser debatido en el Congreso durante el próximo período legislativo.
La comisión redactora está conformada por el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra; el ex camarista federal León Arslanian; María Elena Barbagelata, del Partido Socialista, y Federico Pinedo, diputado del PRO. El nuevo texto sería más “garantista” que el actual, en contradicción con las demandas de la “mano dura”. “Este anteproyecto sigue los lineamientos de los códigos más modernos, es un texto convencional en ese sentido”, explicó Gil Lavedra.
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Fuentes con acceso al proyecto aseguraron a PERFIL que Cristina Kirchner ya contaría con el anteproyecto en su poder y lo lanzaría en 2014 como un logro de su gestión junto al debate del Código Civil. Entre las modificaciones que se prevén, se eliminaría la prisión perpetua, la libertad condicional y la reincidencia, y se bajaría la pena máxima de 35 a 30 años. Otras voces con acceso al texto advirtieron que los delitos contra la administración pública tendrán penas más severas.
Además, se incorporarán nuevos delitos relacionados a la informática y la tecnología, así como a la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente. Se perfilarían también algunos delitos contra el patrimonio. Los juristas analizarían una pena superior a la que actualmente tiene el homicidio por imprudencia en accidentes de tránsito, pero la ilegalidad de la eutanasia y del aborto no se modificaría, sobre todo por la insistencia de la Iglesia y su poder de negociación creciente tras el nombramiento del papa Francisco.
En tanto, se eliminará el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema que despenalizó el delito en 2009. Algunos juristas critican la decisión del Ejecutivo de modificar el Código. “La demanda social hoy no es modificar el Código Penal sino que se lo aplique, que se termine con la impunidad”, dijo a este diario Marta Nercellas, penalista y docente de posgrado de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).
