El Senado aprobó y convirtió ayer en ley el adelanto de las elecciones parlamentarias al 28
de junio, luego que el oficialismo consiguió el apoyo de 42 legisladores, que superó con holgura el
mínimo de 37 que exigía la ley para modificar una legislación electoral. Los votos
positivos al gobierno nacional estuvieron integrados por adherentes propios de la bancada
kirchnerista, incluídos el catamarqueño Ramón Saadi, dos fueguinos y el neuquino Horacio Lores.
Sufragaron en contra 26 legisladores, integrados por los miembros del bloque radical y sus
aliados, los justicialistas disidentes y los integrantes de partidos provinciales y estuvieron
ausentes cuatro senadores. El punto central de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo fue
la suspensión de un artículo del Código Electoral, que había sido aprobado en 2004
a pedido del gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner y fijaba la fecha de las elecciones
en el cuarto domingo de octubre, y su reemplazo
"por única vez" por la fecha del 28 de junio.
La sesión, que se inició a las 11, tuvo un pico de tensión cuando el radical Gerardo Morales
buscó introducir dos nuevos temas en la sesión, como la interpelación al ministro de Justicia,
Aníbal Fernández, para que explique la política de seguridad, y también insertó un proyecto de
combate contra el dengue que afecta las provincias del norte, para que "el congreso le dicte una
política al gobierno".
La intervención del radical fue interrumpida por insistentes críticas del oficialismo, que
encabezó el titular de la bancada, Miguel Pichetto, quien reclamó reiteradamente que había
terminado su horario de exposición.
Eric Calcagno respondió que el pensamiento de Morales tenía "un patrón de pensamiento reaccionario, porque cree que toda medida que propone es mala o inoportuna, y si no tendrá efecto perverso".
Morales señaló que con la propuesta oficial "se ha roto una regla de juego, agrega factores de
conflicto y no contribuye a un mejor clima político", tras lo cual criticó la calificación de la
presidenta, Cristina Fernández, respecto de que las elecciones puede ser "un escollo" para resolver
los problemas de la crisis y dijo que la expresión revela "un costado autoritario" del pensamiento
del gobierno.
Pichetto, en tanto, dijo que el gobierno definió la fecha para contrarrestar "el escenario
electoral preparado por la oposición, que se iniciaba con Catamarca, con un segundo paso, a cargo
del jefe de la ciudad y seguirá con el gobernador socialista de Santa Fe que convocó a tres
comicios".
El rionegrino sostuvo que "el gobierno pone en el centro de la atención la elección nacional, que no es técnicamente un plebiscito, pero siempre una elección intermedia es una evaluación de la gestión: vamos a defender todo lo positivo que se hizo en la Argentina en estos seis años se ha profundizaron cambios estructurales". Expresó que "hay un nivel de agresividad extraordinaria y sistemática contra la Presidenta" y opinó que la oposición "busca obstruir la acción del gobierno y su fracaso, para poder regresa al poder", tras lo cual aludió sin nombrar a Elisa Carrió, de quien dijo que no se presentará a las elecciones porque "no le da el cuero".
A su turno, el líder del bloque radical, Ernesto Sanz, dijo que la crisis argentina comenzó mucho antes que la quiebra de las primeras empresas de Estados Unidos y dijo que la principal "crisis de confianza tiene que ver con quien conduce el país". Dijo que el gobierno, que tuvo legitimidad de origen ha perdido la legitimidad de ejercicio" desde la gestión, pese a que "el gobierno que obtuvo mayor concentración poder" de la historia democrática.
Manifestó que ante esa concentración oficial, la oposición "no tiene capacidad de bloqueo", como
ejerció el justicialismo en el gobierno en la época de Raúl Alfonsín y opinó que las próximas
elecciones "serán un plebiscito", en el que el gobierno "deberá sacar más del 50 por ciento de los
votos, que es como se mide, acá y en la China, si se tiene el apoyo de la ciudadanía".
El socialista Rubén Giustiniani dijo que "desde el punto de vista económico y social, el
remedio que se propone con el adelantamiento de las elecciones es peor que la enfermedad" y
calificó la medida de "errónea desde le punto de vista del interés nacional" porque "está diseñada
para conveniencia del oficialismo y no toma debida cuenta de las urgencias que reclama el país",
por lo que concluyó que "es un paso no positivo".
La titular del bloque de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, afirmó que "el gobierno
quiere adelantar las elecciones, porque sabe que día a día se debilita la legitimidad política ante
la sociedad, insatisfecha por su estilo de gobierno" y dijo que los comicios "marcarán un cambio
político en la Argentina y va profundizar el alejamiento de la sociedad del gobierno".
A su vez, el justicialista de San Luis Adolfo Rodríguez Saá denunció que "hay 28 proyectos
de reforma política con estado parlamentario que jamás fue tratado y me atrevo a decir que nunca
serán cambiados porque no hay voluntad política del gobierno: Cada elección que pasa, es cada vez
más sospechosa de maniobras políticas".
A su vez, el cordobés oficialista Roberto Urquía afirmó que apoyaba la propuesta oficialista,
porque "se trata de una medida de excepción" pero inmediatamente agregó: "exhorto al gobierno
nacional y todos los sectores políticos y sociales a conformar una mesa nacional de diálogo" para
"enfrentar el reclamo de la gente para que resolvamos los graves problemas que la afectan".
Por su parte, el salteño disidente Juan Carlos Romero dijo que no veía "qué tiene que ver la
crisis con el cambio de la fecha electoral" y sostuvo que "no es problema adelantar las fechas,
sino que lo dañino es el cambio de las reglas de juego" e insistió en que "la argentina está a
punto de cambiar política".
Fuente: DYN