En lo que va del año, la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados de la Nación se reunió para sesionar sólo en dos oportunidades. La primera vez fue el 30 de mayo, y la última el 25 de septiembre.
El miércoles último tuvieron una nueva oportunidad, pero tampoco se reunieron. A once días del lapidario documento que emitió la Conferencia Episcopal sobre el narcotráfico y a ocho del reclamo que realizó la Corte Suprema para que el Gobierno “arbitre de modo urgente” medidas para frenar el tráfico de drogas en el noroeste del país, la mayoría de los diputados seguía sin conmoverse por el asunto.
“Si el oficialismo no da quórum, nosotros no podemos hacer nada. La comisión ya fue citada seis veces. Lo que pasa es que no quieren tratar los proyectos”, se enfureció el diputado salteño Bernardo Biella Calvet (Udeso), secretario de la comisión.
De los treinta diputados que la integran, 18 pertenecen al oficialismo, más unos pocos aliados circunstanciales. “En minoría nos hemos reunido más veces, pero sesionó en dos oportunidades con mayoría. El próximo miércoles es la última oportunidad que tenemos de sesionar en el año”, aclaró el legislador a PERFIL.
La primera vez que se reu-nieron fue para recibir como invitado al fiscal Félix Crous, titular de la Procuraduría en Narcocriminalidad, la nueva unidad fiscal creada el último 19 de febrero por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, con el fin de darle un marco general a la lucha del negocio de la droga.
Cuatro meses después, volvieron a sesionar para declarar de interés, por unanimidad, la XV Jornada de Bioética, para expresar el beneplácito por el Día Mundial sin Tabaco, y para adherirse al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
También se aprobó una modificación de un proyecto de ley, que debía pasar por varias comisiones, que busca modificar el artículo 39 sobre bienes decomisados del narcotráfico, iniciativa que aún no fue aprobada por el Congreso. Y hubo un pedido para que el Poder Ejecutivo reglamente la Ley 26.045, de precursores químicos. En plena campaña electoral, la oposición aprovechó para impulsar ocho pedidos de informes que el Gobierno sigue sin contestar. La sesión no llegó a las tres horas de duración.
En diálogo con PERFIL, el diputado Eduardo Amadeo también se quejó: “El miércoles pasado éramos cuatro y esperamos dos horas para que hubiera quórum, y no vinieron. Durante todo el año se saboteó la comisión de control del narcotráfico”.
El presidente de la comisión es Mario Fiad, diputado por Jujuy, una de las provincias más afectadas por el tráfico de drogas. El congresista estará cuatro años más en Diputados después de haber sido reelecto en las elecciones legislativas de octubre pasado.
“El 80% de la cocaína que ingresa al país lo hace por la frontera norte, entre Salta y Jujuy. Esto da la pauta de que el Ejecutivo tiró la toalla con respecto a la lucha contra el narcotráfico. Si esto no es connivencia, no sé cómo llamarlo”, se despachó el legislador días atrás durante una entrevista al diario El Tribuno, de Salta.
