El patrimonio de Julio De Vido está en la mira de la Justicia federal. Luego de haber sido sobreseído en 2009, la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, debe decidir si se reabre el expediente contra el ministro de Planificación y su esposa y ex funcionaria, Alessandra Minnicelli.
Hace cinco años, el entonces juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid sobreseyó a De Vido y a su esposa, luego de analizar informes de la AFIP. La denuncia había sido presentada por el abogado Ricardo Monner Sans en base a un artículo del diario Crítica.
El juez concluyó que no había pruebas contra los funcionarios. La decisión fue apelada y llegó a la Cámara Federal de Apelaciones, donde confirmaron el sobreseimiento.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) volvió a recurrir a la Justicia para que revea la decisión. Casación la volvió a confirmar. Todas las decisiones, en las tres instancias, se basaron en un criterio que impedía a la FIA apelar en las causas en las que no era la denunciante.
En un fallo contra el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, la Corte Suprema desautorizó ese criterio y dio a la FIA la potestad de apelar e intervenir en cualquier instancia de una causa, sea o no la denunciante que originó el expediente. Con esa carta en la manga, la fiscalía especial regresó a la Casación a reclamar por la causa contra De Vido.
Ahora, la Sala IV de ese tribunal deberá determinar si la FIA puede intervenir contra el ministro. Desde un principio la fiscalía consideró prematuro el sobreseimiento de De Vido, ya que sostiene que no se hicieron todas las medidas de prueba.
Todo indica que la Casación fallará como lo hizo la Corte Suprema en el caso Moreno y dejará otro precedente clave para las causas contra funcionarios públicos o empresas del Estado. De ser así, la Cámara Federal de Apelaciones deberá reabrir el expediente y citar a la FIA para escuchar sus argumentos.
La causa contra De Vido y la ex síndica general adjunta de la Nación es por presunto enriquecimiento ilícito entre 2003 y 2007.
El juez Aráoz de Lamadrid consideró en 2009 que no había pruebas de que De Vido hubiera tenido un incremento patrimonial injustificado.
Sostuvo que el matrimonio sólo había incorporado dos propiedades en ese período: una casa de campo de más de 300 metros cuadrados con un predio de 3,8 hectáreas en el Club de Chacras Puerto Panal, en Zárate, y una camioneta 4x4 Toyota Hilux. Según el juez, los dos bienes fueron adquiridos con dinero que el matrimonio tenía ahorrado.
En la investigación se comprobó además que De Vido vivía en un departamento en Avenida del Libertador cuyo alquiler, según la denuncia, rondaba los 3 mil dólares mensuales, casi lo mismo que cobraba de sueldo en 2007.
El juez sostuvo que “eventualmente, no es delito que un funcionario gaste todo su sueldo en el alquiler del departamento en el que vive”.
