Con la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y los posteriores juicios a los represores, el kirchnerismo condenó a parte de los responsables materiales de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar. Terminado ese proceso, el Gobierno va por los "cómplices civiles" de aquel proceso: los grupos económicos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el legislador del Frente Para la Victoria, Héctor Recalde, presentarán el lunes un proyecto que propone crear una comisión bicameral para "identificar" a los actores civiles que "contribuyeron o se beneficiaron" con los gobiernos de facto.
El texto planea el nacimiento de la "Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura", para la “búsqueda de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia”.
El proyecto de ley se presentará a las 17 en el salón de conferencias del anexo C del Congreso de la Nación. Además de Domínguez y Recalde, participarán Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Precisamente, Verbitsky es coautor de Cuentas pendientes, los cómplices económicos de la dictadura, un libro escrito junto al jurista rionegrino Juan Pablo Bohoslavsky, quien en 2013 propuso crear una "comisión de la verdad", similar a la Conadep, para los delitos económicos.
La comisión "deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices, y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia", afirma el texto del proyecto. El organismo aspira a "instar a quienes determine como cómplices económicos de la última dictadura militar a reconocer voluntariamente su participación, formular disculpas y desagravios a los afectados por sus acciones y a ofrecer mecanismos de reparación de daños causados a intereses o derechos individuales o colectivos, lo que en ningún caso extinguirá las acciones judiciales que por derecho pudieran corresponder".
Además, "en caso de que se advirtiera la eventual comisión de delitos, la comisión deberá formular las correspondientes denuncias ante la justicia". De aprobarse la ley, se crearía "un Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia" en el Congreso, para poner a disposición del público "los documentos relacionados con los objetivos perseguidos por la última dictadura y sus complicidades económicas", apuntó la agencia Télam.
El texto está firmado por varios diputados del bloque kirchnerista -Juliana Di Tullio, María Teresa García, Horacio Pietragalla, Adela Segarra, Pablo Kosiner-, los dirigentes camporistas Eduardo "Wado" De Pedro, Andrés "Cuervo" Larroque y Juan Cabandié, Edgardo Depetri y Carlos Kunkel, entre otros, según el portal Parlamentario.
Las empresas. Si bien no se menciona en el proyecto, uno de los principales objetivos que persigue el kirchnerismo es investigar el traspaso de Papel Prensa, la papelera que está controlada mayoritariamente por el Grupo Clarín, con acciones en manos de La Nación y el Estado argentino.
Desde 2010, la empresa se convirtió en una obsesión de la guerra contra Clarín. El oficialismo intentó vincular la venta de acciones pertenecientes a la familia Graiver con crímenes de lesa humanidad, sin éxito aún. Incluso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó con gran expectativa el "Informe Papel Prensa", con la supuesta "verdad" del caso, que no avanzó en la Justicia.
Tras la victoria de la Ley de Medios, el gobierno busca otro ángulo para "entrar" en la papelera. A fines de 2013, el ministro de Defensa Agustín Rossi anunció el descubrimiento de "archivos secretos" de la dictadura. Entre los documentos hay 15 actas originales sobre Papel Prensa.
Osvaldo y Lidia Papaleo -cuñado y viuda de Graiver- creen que los papeles pueden probar un eventual delito en la venta de las acciones. "Está claramente demostrado que la venta de Papel Prensa y la detención de los familiares de Graiver era para la Junta Militar una única unidad temática", comentó entonces Rossi.
Otro caso es el del ingenio Ledesma. En noviembre de 2012, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, presidente del grupo Ledesma, fue procesado como "partícipe primario" en la llamada "noche del apagón". Durante ese hecho, el 27 de julio de 1976, fueron secuestradas y torturadas más de 20 personas en Jujuy. Casos similares se repitieron durante la última dictadura en fábricas de Mercedes Benz, Ford y Techint, entre otros.
Además debe considerarse el caso Jorge Martín Salimei, heredero de la empresa Sasetrú. El año pasado denunció al fallecido exministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, y a otros funcionarios del gobierno de facto, por "delito económico de lesa humanidad", ya que la dictadura le "robó" la empresa a su familia.
