La propuesta para la creación del Registro Nacional de Personas y Organizaciones Sospechosas de Terrorismo (Renapost) descansa desde ayer, para la firma, en el escritorio del presidente Mauricio Macri. Fuentes del Gobierno confirmaron a PERFIL que, en principio, incluirá solo al brazo armado de Hezbollah aunque no al resto de la organización libanesa que funciona, en su país, como partido político y red de asistencia social.
Elaborado a partir de la colaboración de la Cancillería, la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y Justicia y Derechos Humanos, el Renapost se encontrará bajo la órbita del Registro Nacional de Reincidencia y Estadísticas Criminales, que hoy aglutina todos los índices criminales del país: el de prófugos, antecedentes penales de personas jurídicas y el tradicional de personas condenadas. Se actualizará en función de lo que disponga Naciones Unidas y en base a los casos vinculados con la Argentina que la UIF o los magistrados notifiquen.
Precisamente, una de las discusiones más largas sobre la confección del Renapost giró en torno a qué fuentes adoptar para definir presuntas vinculaciones con el terrorismo. Al Gobierno le preocupa cualquier roce diplomático que devenga de adoptar listas de otros países ya que algunos gobiernos etiquetan de este modo a organizaciones opositoras a fin de reprimirlas. Hablaron, en particular, de Rusia, Turquía y China y sus conflictos separatistas.
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En cambio, el índice argentino se conformará a partir del listado del Consejo de Seguridad de la ONU, nómina que contempla desde organizaciones y organismos norcoreanos a miembros de la red Al Qaeda y EI, pero no a Hezbollah.
La inclusión de la organización libanesa corresponde a las otras dos fuentes que nutrirán el registro: las notificaciones por parte de jueces o fiscales a partir de las causas que investigan y que no excedan los últimos diez años y las disposiciones de la UIF a partir de sus pesquisas o demandas extranjeras. La Justicia argentina apunta hacia el brazo armado de Hezbollah tanto en la causa AMIA, en 1994, como en el ataque a la Embajada de Israel, en 1992. Aunque supera el límite temporal, la investigación sigue activa.
Existe, con todo, cierta preocupación por parte de organizaciones vinculadas a los derechos humanos en el hecho de que el registro pueda incorporar a imputados en los que aún cabe el principio de presunción de inocencia. Desde el Gobierno, subrayan que se trata de un registro de sospechosos cuyo único impacto real será transparentar posibles nexos con delitos específicos del artículo 41 del Código Penal. Y que excluye cualquier posible criminalización de la protesta social. Sin embargo, en caso de inocencia, podría tomar mucho tiempo salir del registro mientras sirve de información a organismos públicos, como Migraciones, y privados, como los bancos.
