En Brasil confirman que hay pruebas del pago de coimas por el Sarmiento

El fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), tiene a su cargo la investigación del capítulo argentino del Lava Jato, el caso que desentrañó el pago de coimas millonarias de constructoras de Brasil a funcionarios de su país, y que se replica como un sismo a lo largo de continente. Desde Argentina hasta los Estados Unidos, el caso provocó la apertura de varias investigaciones judiciales y las declaraciones de arrepentidos que no tardarán en llegar a Buenos Aires en los próximos tres meses.

El primer indicio que apuntaba a la Argentina fueron dos mails de Manuel Vázquez, asesor y testaferro del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, reclamando un pago de US$ 80 mil a ejecutivos de la constructora Odebrecht.

Rodríguez cuenta que, desde aquella primera pista, “la investigación de Brasil fue avanzando hasta el acuerdo de Odebrecht con Brasil, Suiza y Estados unidos en diciembre. Sabemos que hay declaraciones de 77 ejecutivos. El jueves pasado, los fiscales de Brasil nos contaron que hay información importante respecto de la Argentina. Hasta junio esos datos van a ser confidenciales porque los fiscales le dan la oportunidad a la empresa de que haga sus acuerdos en el resto de los países donde habría habido una matriz simular. Confío en que en el curso de 2017 vamos a tener toda la información de Brasil y vamos a tener avanzado el análisis de algunos contratos de obra pública de las constructoras del Lava Jato”.

—¿Qué información adelantaron sobre Argentina?
—En un primer momento, tenían dos mails entre Manuel Vázquez con un representante de Odebrecht que para ellos acreditaba sobornos a Jaime a través de Vázquez. Mencionaron que esos mails estarían vinculados al soterramiento del Sarmiento. Además de los mails, ellos deben tener algún otro elemento concreto para vincularlo al soterramiento. El caso del asesor de Jaime es específicamente de Odebrecht pero nuestra investigación es más amplia. Abarca a las principales empresas que participaron en la cartelización de la obra pública en Brasil a través de contratos con Petrobras y que también tienen participación en la obra pública en Argentina (Se trata de Odebrecht, Contreras Hermanos, Camargo Correa, Techint y Andrade Gutiérrez). Lo que dijo el denunciante Manuel Garrido es totalmente coherente. Si esas empresas habían diseñado una estructura de pago de sobornos para obtener obra pública en Brasil, ¿por qué no lo harían en la Argentina y en otros países donde también actúan? Aquí hemos ampliado el espectro a casi cien empresas.

—¿Cómo funcionaba el Lava Jato en Argentina?
—Aquí todavía no lo tenemos probado o establecido. Pero se habrían dirigieron pliegos y licitaciones hacia determinados grupos empresarios a cambio de una comisión. Es lo que vemos en Brasil.

—¿El jefe de la AFI, Gustavo Arribas, habría sido un intermediario de pagos de Odebrecht a funcionarios?
—El tema Arribas puede tener o no vinculación con nuestra investigación. Incorporamos la noticia y vamos a monitorear la causa.

—¿Qué pruebas les solicitó a los fiscales de Brasil?
— Pedimos las copias de las declaraciones, testimonios y documentos vinculados a sobornos a funcionarios argentinos que estén dentro del caso Lava Jato. Cómo se iniciaron y ocurrieron los contactos de esas empresas con los funcionarios argentinos y las precisiones de cómo se habrían concretado las prestaciones. Por lo que hablamos con ellos el jueves pasado, hay datos importantes sobre la Argentina en los testimonios de los 77 arrepentidos. Cuanto menos hay algún tipo de individualización.

—¿De los funcionarios e intermediarios en el pago de coimas?
—Sí. Odebrecht diseñó una estructura con singular éxito, y eso no es sencillo. Se trata de hacer lo más invisible posible los tráficos de dinero que salen de una empresa y terminan en el bolsillo del funcionario, y esta estructura que se creo es para disimular esos pagos de la mejor manera posible. Yo no descarto que esa misma estructura puede haber sido utilizada por la totalidad de las empresas que estamos investigando. 

—Usted tiene expectativas de que los ejecutivos se acerquen a declarar...
—Pueden llegar a hacer un acuerdo con la fiscalía en el marco de la nueva ley de colaborador eficaz (arrepentidos).  Tiene que cumplir con requisitos: haber participado del hecho, dar información que sirva para la investigación y siempre subiendo escalones de jerarquías. Eso puede servir el día de mañana para morigerar la pena que le corresponda.

—Las brasileñas se asociaron a importantes constructoras argentinas. ¿En qué situación quedan las socias?
—Dependerá de la prueba. La sospecha las alcanza también. Hay que ver qué declararon los arrepentidos y qué dicen quiénes cobraron los pagos. Hay que analizar los libros contables de todas las empresas. Le estamos pidiendo a algunos ministerios que hagan un informe de auditoría de lagunas obras para que determinen si hay indicios de irregularidades.

El efecto Zavascki

El fiscal Rodríguez se comunicó el jueves por la tarde con los fiscales de Curitiba para conocer el avance del acuerdo que iba a anunciarse el viernes y mediante el cual Odebrecht se comprometió a colaborar con las investigaciones judiciales en países como Perú, República Dominicana y Argentina (ver página 9). Pero esa tarde, Brasil se anoticiaba de la muerte del juez Teori Zavascki, miembro del Tribunal Supremo, quien viajaba en un avión que se sumergió en el agua en Río de Janeiro. El magistrado cumplía un rol clave en el caso.

“Teori Zavascki tenía que homologar las declaraciones de los 77 ejecutivos arrepentidos de Odebrecht”, contó el fiscal. Al homologar esos testimonios, Zavascki les daba validez judicial. Tras su muerte, ese proceso podría demorarse pero aún no hay certeza de cuánto más podrían tardar. La situación presenta otra dificultad política: entre los senadores que deben elegir al sucesor de Zavascki hay varios en la lupa de la investigación del Lava jato, sospechados de haber recibido coimas de las constructoras.