Si el kirchnerismo hubiese recurrido a la misma maniobra que separó a Eduardo Freiler para sancionar al juez Claudio Bonadio, los funcionarios macristas habrían reflexionado: “Fuimos unos boludos por dejarlos”. Eso al menos asegura un asesor presidencial frente al planteo contrafáctico. El Gobierno quiere hacer una carambola que lo deje doblemente bien parado: justificar el método usado para iniciarle un jury al juez Freiler y a la vez dar un gesto político de autoridad y advertencia para el resto del universo judicial. Resumido al máximo, el mensaje sería: Mauricio Macri no es Fernando de la Rúa.
Lejos de cualquier duda o autocrítica, en Casa Rosada se jactaron de lo resuelto a las apuradas en el Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y controla a los jueces. El oficialismo aprovechó el trámite de asunción del nuevo consejero de la oposición, el senador peronista Mario Pais, para aprobar el juicio político contra el juez de la Cámara Federal porteña Eduardo Freiler, y separarlo preventivamente de su cargo.
Desde Mauricio Macri hasta el ministro de Justicia, Germán Garavano, celebraron en público la decisión tomada por los ocho miembros del Consejo, los que suelen votar en línea con la voluntad macrista, sobre un total circunstancial de 12. Así, blanquearon algo que efectivamente ocurrió en bambalinas: Macri y su equipo de estrategas judiciales autorizaron esa jugada, en el borde del reglamento. “Drácula se impresiona de la sangre”, retrucan cerca de Macri, frente a las acusaciones de una desprolijidad ética por parte de la oposición. La respuesta apunta especialmente a las quejas del kirchnerismo, a pesar de que algunos aliados radicales también pusieron reparos sobre la maniobra, aunque en voz inaudible.
En la Rosada comparan la decisión actual con el decretazo, sancionado en el arranque del ciclo macrista, que nombró a dos nuevos jueces de la Corte Suprema. Por aquellos días, Macri y su entorno consideraban necesario dar ese golpe de efecto. Si bien llovieron críticas sobre la designación exprés de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en la Corte, el Gobierno pretendía mostrar su cara más decisionista. El mensaje tenía un destinatario central: el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
Ahora, el avance macrista apunta a un auditorio un poco más amplio: los jueces y fiscales que figuran en la lista negra de Cambiemos. Ya sea por “corruptos”, “kirchneristas” o integrantes de la “mafia de los juicios laborales”, algunos de los apuntados son: Daniel Rafecas, los jueces laborales Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, Jorge Ferro (camarista de Mar del Plata), Martín Bavo (juez federal de Azul) y Oscar Hergott (camarista del Tribunal Oral Federal de la Capital).
El resultado de las PASO, sumado a la convicción presidencial sobre la necesidad de purificar la Justicia, envalentonaron a los operadores judiciales de Cambiemos. Freiler, esperan en el Gobierno, es el primero de la lista.
Freiler fue suspendido el jueves tras una cuestionada maniobra del oficialismo. Ayer, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inició el proceso para someterlo a un debate oral y público en el juicio político.
