Pusieron en juego lo que tal vez nunca imaginaron que podrían perder: su libertad y su fortuna. Los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López tendrán días clave en un contexto que, por distintas razones, les juega en contra. Los ojos están puestos en cualquier decisión que jueces y fiscales tomen en sus casos y los de otros poderosos caídos en desgracia y vinculados al poder que perdió su turno. Báez viene corriendo las peores de las suertes desde hace dos años. Fue uno de los primeros en quedar detenido y acumula varios procesamientos. La decisión sobre Cristóbal tardará más en llegar. La de Báez es inminente. Antes del viernes, la Justicia podría extender la prisión preventiva de Báez. Mientras tanto, el caso de Cristóbal ya se encamina hacia el juicio oral, informaron fuentes del juzgado.
Báez intenta recuperar la libertad tras dos años detenido por orden del juez Sebastián Casanello en el caso de lavado de activos, pero tendrá malas noticias. Todo indica que la Justicia renovaría por un año más su prisión preventiva, según pudo reconstruir PERFIL.
La defensa del empresario sostiene que debe ser liberado ya que la prisión preventiva cumplió el plazo legal de dos años sin condena, que Báez nunca intentó fugarse y que restan al menos seis meses hasta el inicio del juicio oral. Sin embargo, el fiscal Abel Córdoba presentará el martes su postura ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Número 4, que debe juzgar este año al empresario y decidir si extiende o no su prisión. El fiscal trabajaba esta semana en su dictamen analizando las razones por las cuales Báez debería permanecer en prisión. La complejidad del caso y el monto de las operaciones de dinero negro (al menos unos US$ 60 millones) podrían ser los principales argumentos para plantear a los jueces del tribunal que el empresario debe seguir detenido.
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Los miembros del TOF 4 tienen tiempo hasta el jueves para tomar la decisión. Con el fiscal en contra, Báez tiene escasas chances, confirmaron fuentes judiciales. La ley les permite extender la prisión preventiva por un año más. El empresario, señalado como testaferro de los Kirchner, deberá atravesar al menos el primer tramo del juicio en el penal de Ezeiza. En el caso López, el fuero penal volvería sobre sus propios pasos, todavía sin fecha: en los tribunales, fuentes de la causa sostienen que el zar del juego podría perder la ventaja que obtuvo en las últimas semanas.
La causa contra López y Ricardo Echegaray va camino al juicio oral. El juez Julián Ercolini no va a esperar a que la Cámara de Casación decida si López vuelve a prisión y si va a ir a juicio por defraudación o solo por evasión. Busca acelerar el proceso para que el dueño del Grupo Indalo llegue ante un tribunal lo antes posible y tener todo listo para cuando suceda lo que el magistrado espera: que el máximo tribunal penal (Casación) contradiga el fallo de la Cámara Federal que liberó a López y le bajó la calificación. En ese caso, el empresario afrontaría un juicio mucho más duro y la imposibilidad de salvar sus compañías. Y tal vez, nuevamente en prisión.
Plata. En la causa denominada “ruta del dinero K”, el juez Casanello llegó a identificar 1.634 bienes que alcanzarían un valor de al menos 3.058.871.300 pesos, de acuerdo al Tribunal de Tasación. Es lo mínimo que podrían incautarle al empresario y el resto de los acusados en el juicio, ya que en el juzgado no se descarta que tengan más bienes y dinero en el extranjero, de acuerdo a la última información recibida desde Suiza.
El monto no alcanza aún a cubrir la posible multa económica que podría ordenar el tribunal oral, que ya analiza el caso para comenzar el proceso antes de fin de año. Las multas por haber lavado dinero podrían alcanzar otros US$ 600 millones.
En el caso Cristóbal, el fiscal Gerardo Pollicita identificó 1.477 bienes del empresario, de sus socios y de Echegaray que serán tasados. Pero esta causa puso mucho más en juego, en términos políticos. La decisión de la Sala I de la Cámara Federal fue un quiebre sin precedentes en la Justicia Federal y sembró el hervidero en el que hoy se toman las decisiones sobre Báez, Julio De Vido y otros presos en causas de corrupción del gobierno pasado, cuyas libertades y situaciones procesales deben analizarse en los próximos días. Hasta la Corte
Suprema se abrió para apuntar con el dedo a los jueces que decidieron liberar a López y su socio Fabián De Sousa, y reorientar la causa hacia delitos tributarios y no de corrupción y fraude al Estado.
Entre ambos, suman al menos 3.111 bienes
Las fortunas de Lázaro Báez y Cristóbal López suman al menos 3.111 bienes, que incluyen 371 inmuebles, 2.596 vehículos y maquinarias de la construcción, 6 aeronaves y más de 130 empresas, según los últimos informes judiciales. En ambos casos, pero en distintos contextos, esos bienes deberían terminar en las arcas del Estado cuando se confirmen las condenas o se resuelva el concurso preventivo de Oil Combustibles, el caso del expediente López.
En el caso Báez, los bienes, valuados en más de $3 mil millones, tendrían como destino el decomiso para la administración y/o uso del Estado.
Báez tuvo un Lear Jet 35 y un Rockwell Commander, que por orden del juez Casanello ya están en poder del Estado. Parte de la maquinaria está en manos de Vialidad Nacional.
Pero en el caso de Cristóbal, existe un concurso preventivo en la Justicia comercial. Sus acreedores buscan cobrarle sus deuda. El Estado, a través de la AFIP, es el principal acreedor y busca recuperar $ 17 mil millones. Sin embargo, los últimos informes de los interventores judiciales en el Grupo Indalo dicen que el holding no cuenta con esa suma. Por eso la Justicia penal busca identificar sus bienes.
La tasación en el caso de Cristóbal es preliminar, y no hay aún un monto asignado a su patrimonio.
