En una presentación, Cristóbal se incriminó y forzó su propia caída

El procesamiento de Cristóbal López por administración fraudulenta contra la administración pública estaba listo el 14 de diciembre. Sin prisión preventiva. Pero ese jueves, el empresario kirchnerista cavó su propia tumba y sentó la base de su detención.

Su abogado Carlos Beraldi –el que comparte con Cristina Fernández de Kirchner– presentó un escrito pidiendo el levantamiento de la inhibición general de bienes del Grupo Indalo, con una confesión: decía que  el 20 de octubre había vendido sus acciones al fondo inversor OP, de Ignacio Rosner. Blanqueó un delito. La Justicia había prohibido la venta o cualquier operación que modificara la composición del grupo. La venta, entonces, era fraudulenta. Y escondía, además, un engaño al juez y la AFIP, que es parte querellante en la causa.

El documento presentado por Beraldi el jueves 14 iba acompañado originalmente de un anexo, con el mismo pedido de levantamiento de la inhibición, firmado por  Rosner. El juez federal Julián Ercolini se negó a recibir el escrito. “Rosner no es parte de esta causa”, le dijeron al abogado. Una hora y media más tarde, la defensa regresó con un nuevo escrito, esta vez, firmado por López y su socio Fabián de Sousa. Y la prueba del delito. El juez no lo podía creer, relataron altas fuentes de la causa.

Lo que hizo López, a ojos del juez, fue violar la inhibición de bienes, lo que convierte la operación en una venta fraudulenta.

Eso obligó a Ercolini a modificar el fallo, incluir los pedidos de detención y solicitar que se abra otra investigación por haber engañado a la Justicia y a la AFIP. Ercolini no termina de entender, según reconstruyó PERFIL de fuentes judiciales, por qué Cristóbal se autoincriminó al confirmar la venta del grupo sobre el que pesaba una inhibición de bienes. Menos porque su abogado, Beraldi, tiene una trayectoria que hace imposible pensar en un descuido.

Ercolini suspendió por unos días su fallo y modificó la situación de los empresarios. Ordenó su prisión preventiva y su captura. Indalo llegó a esta crisis como consecuencia de una deuda de más de 15 mil millones de pesos que generó con la retención indebida del impuesto al combustible. Ese dinero debía ir al fisco. Pero se lo quedó Cristóbal. Con él, fondeó la compra de otras empresas.

El futuro de Indalo está en manos de la AFIP, que tiene identificado cada uno de los bienes del grupo, y también los de sus dueños. Presionará para que sean vendidos al mejor postor a través de un remate judicial. En otras palabras, la AFIP no quiere negociación. El objetivo final del organismo es dar un mensaje con un “castigo ejemplar” al empresario que amasó fortunas con la complicidad del kirchnerismo y que se financió con la retención indebida de impuestos.

Varios factores explican la tormenta que se desató sobre López. Uno de ellos es el enojo de Alberto Abad, el jefe del ente recaudador, que interpretó como una “avivada” de López el intento de venta al fondo inversor OP, y como una forma –fallida– de despegarse de las consecuencias penales de esa maniobra.

Abad, además, cree que logró detectar un potencial factor de “riesgo” de cobro de una deuda multimillonaria, porque si daba luz verde a la operación por la que se iban a transferir las acciones al fondo inversor de Ignacio Rosner se abría la puerta a una catástrofe de Indalo. “Nunca presentaron avales de las inversiones que dijeron que iban a hacer”, contó una fuente de la AFIP a PERFIL. La Justicia tampoco confió en el plan estratégico de Rosner y en el desembarco de la petrolera rusa Lukoil para salvar a Oil Combustibles, y por eso no accedió a levantar la inhibición general de bienes.

Cerca de Abad afirman que, si bien no es competencia del organismo, buscarán la mejor manera de cobrar la deuda sin provocar la quiebra y los despidos de 4 mil trabajadores que dependen de manera directa de las diversas empresas de Indalo. Pero el fondo que administra las empresas, que conduce Rosner, se queja de que el organismo no habilita una instancia de negociación y, por el contrario, “ejecuta deudas anteriores al cambio en el directorio”. El juez, sin embargo, hará lo posible por abrir una última instancia de negociación.