El 23 de febrero de este año, el juzgado federal Nº8, a cargo de Marcelo Martínez Di Giorgi, recibió por sorteo la denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por los delitos de enriquecimiento ilícito, contrabando, supuesto lavado de dinero e infracción a la ley 23.737 (narcotráfico).
Ante la gravedad de la denuncia, la Justicia resolvió proteger la identidad del autor. Su nombre es un misterio y la carátula de la causa lo confirma: denunciante de identidad reservada. Perfil.com accedió, a través de fuentes judiciales, a gran parte del contenido de la acusación que el fiscal de Justicia Legítima, Franco Picardi, investiga, pese a que se solicitara su apartamiento ya que fue aportante del FPV en la campaña legislativa de 2013.
Una de las inquietudes expresadas en la denuncia es conocer, realmente, el monto de la fortuna real de la exmandataria y su entorno más íntimo. De acuerdo con el 1868/2016, Cristina sería la “jefa de una organización delictiva en el país, con vínculos, nexos y conexiones internacionales”. En el texto se habla de la relación de la viuda de Néstor Kirchner con el entonces presidente venezolano Hugo Chávez y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), catalogado como "el principal grupo narcoterrorista de Latinoamérica y el principal cártel de la droga”.
Según sostiene la presentación judicial, existió una triangulaciónde negocios ilícitos entre Venezuela, la República Islámica de Irán y las FARC con la Argentina K. El objetivo habría sido la instalación definitiva de cárteles del narcotráfico en nuestro país con la complicidad de las más altas autoridades.
El informante le solicitó al juez acciones urgentes, además de allanamientos y la declaración testimonial de exembajadores, periodistas, funcionarios públicos y dirigentes sociales.
Dinero propio. Asimismo, en la denuncia asegura que la fortuna de los Kirchner no nació durante la última dictadura militar gracias a la famosa ley 1050 de José Martínez de Hoz sino que ese mito lo impulsó el propio Néstor para desviar la atención de los desaguisados realizados en la función pública.
Por otra parte, explica que la UNASUR habría sido creada para garantizar la impunidad y que no es casual que sus presidentes hayan sido de Venezuela, Colombia y Argentina. Los antecedentes de Ernesto Samper, Secretario General de la UNASUR, con el narcotráfico no fueron tenidos en cuenta, explica el denunciante.
(*) Especial para Perfil.com | En Twitter: @luisgasulla
