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La definición corresponde a María José Lubertino, la legisladora K que fue cuestionada esta semana por maltrato tras una denuncia de una ex empleada. "Tenemos una metodología de trabajo. Presenté más de 300 proyectos. El asesor que sabe de Metrobús no sabe de subtes; yo divido los contratos en muy chiquititos, hay asesores por cada proyecto. Si hay que hacer un informe, contrato gente por tres meses por $ 3.500. O dos meses de $ 5 mil. En el PRO hay miles de ñoquis y nadie dice nada", se defiende.
La renuncia por maltrato que realizó una ex empleada podría ser un dolor de cabeza. Es que la Junta de Etica de la Legislatura porteña tratará esta semana la denuncia de Marina Gabriela Blanco, una militante de la agrupación Kolina de Alicia Kirchner. A partir de allí Lubertino podría ser suspendida o podrían incluso recortarle el salario. La carátula, según explicaron fuentes parlamentarias, será “inconducta grave de funcionario público”.
Blanco expresa en su nota, dirigida el titular del bloque kirchnerista Juan Cabandié (de La Cámpora), que “recibí por parte de Lubertino un trato agresivo y discriminatorio que se traducía en un permanente hostigamiento con mails, mensajes de texto y llamadas telefónicas en horas intempestivas, cumplimiento de tareas para fines personales de Lubertino”.
La diputada se defendió en diálogo con PERFIL: “Es muy raro lo de esta chica, nunca manifestó su malestar y no tuve ningún problema con ella”. “Entró en enero, le dimos vacaciones aunque no le correspondía, se tomó días por enfermedad y le pasamos las faltas ya que tenemos un régimen laxo en el cual no se pasan ausencias. Volvió a faltar, no avisó y a los tres días recién volvió”. La diputada asegura que nunca habló con ella ni con su despacho cuando tuvo el problema. “Es muy raro, de repente desapareció”, se quejó, y volvió a defenderse: “La denuncia de Blanco no describe ningún hecho, ni frases ni circunstancias, tampoco pide testigos”, relató y acusó al macrismo de estar detrás del avance de la denuncia.
