Federico Delgado pide que la denuncia por encubrimiento quede en Comodoro Py

Federico Delgado abrió una investigación el pasado miércoles 6 de septiembre para determinar si el gobierno nacional que conduce Mauricio Macri encubrió la desaparición de Santiago Maldonado, el artesano cuyo paradero es desconocido desde el 1 de agosto. El fiscal federal apeló este jueves la decisión del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien dispuso que el caso sea tratado por la Justicia de Esquel, en Chubut.

"Se trata de investigar lo que hicieron y dejaron de hacer determinadas autoridades", argumentó el funcionario judicial en su presentación, por lo que, afirmó, "resulta evidente que tanto la averiguación de la verdad como el ejercicio del derecho de defensa, inclina la balanza hacia la justicia federal de esta ciudad, sede de las mismas".

La denuncia, impulsada por organizaciones como la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, acusaba al presidente y a varios de sus funcionarios de encubrir la desaparición de Maldonado. El joven fue visto por última vez hace 44 días, cuando Gendarmería Nacional reprimió un corte de la Ruta Nacional 40 de activistas mapuches, y varios testigos señalan a la fuerza de seguridad como responsable de su paradero.

Para los denunciantes, hubo un "pacto de silencio" de las autoridades estatales, entre las que mencionaron a Macri, a los ministros de Justicia y Seguridad Germán Garavano y Patricia Bullrich, al jefe de Gabinete Marcos Peña, al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, al funcionario de Seguridad Pablo Nocetti y las autoridades de Gendarmería. Según la presentación, funcionarios y agentes buscaron "deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social".

Delgado requirió abrir la causa la semana pasada para investigar la responsabilidad del Gobierno y de las autoridades de Gendarmería. Además, promovió que se le pida al jefe de Gabinete Marcos Peña informe de manera "urgente" qué tareas desplegó la Gendarmería en la Ruta 40 aquel 1 de agosto, y una copia del expediente que se sustancia en Esquel.

Sin embargo, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral se declaró incompetente para investigar el expediente el lunes pasado, al considerar que el caso debía ser enviado al juzgado federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto. Se trata del mismo juez que ordenó el operativo de Gendarmería para desalojar la ruta, ahora recusado por la familia de Maldonado. Otranto investiga además el hábeas corpus para dar con el paradero del joven e intervine en el otro expediente, a cargo del a fiscal Silvia Avila, caratulado como desaparición forzada.

Delgado apeló este jueves a la Cámara Federal, al entender que Canicoba Corral había ido en contra de la jurisprudencia de la Corte Suprema. El fiscal consideró que es correcto sostener que la desaparición se investigue en Esquel, pero no así la posibilidad de que se haya encubierto el hecho desde un nivel oficial.

"Administrar procesos jurisdiccionales requiere inteligencia, y sobre todo inteligencia práctica, prudencia aristotélica, ir hacia la singularidad del caso, alejarse de la abstracción", sostuvo Delgado en el escrito difundido por la agencia DyN, y luego agregó que "el riesgo concreto de apresurarnos es mezclarlo todo y no responder al interrogante concreto que se formula tras cada investigación criminal".

"Una pregunta es qué pasó con Santiago Maldonado; otra pregunta es qué hizo y qué dejó de hacer el estado en ejercicio de sus responsabilidades propias. El 'encubrimiento' en esta instancia preliminar del proceso no es una calificación definitiva de los hechos (que en rigor se desconocen) es un significante, una pregunta: qué hicieron o dejaron de hacer las autoridades respecto a la desaparición de Santiago Maldonado, para luego examinar si esas acciones y/u omisiones podrían constituir algún delito", aseguró el fiscal.

Delgado planteó que "mezclar las preguntas es cargar de connotaciones el hecho de la desaparición cuando todavía se está intentando saber qué sucedió y perder la oportunidad de preguntar, en forma limpia y separada, en ejercicio del sistema los frenos y contrapesos que anima a la división de funciones del estado, ¿qué hizo o dejó de hacer? Ni la desaparición forzada es un hecho ni el encubrimiento es un hecho, son preguntas". "Lo que tenemos entre manos son preguntas distintas que deben transitar canales distintos ¿qué pasó con Santiago Maldonado? ¿Qué hizo el Estado para averiguarlo?", concluyó.