POLITICA

Frenan la asunción de 16 fiscales elegidos por la procuradora

Un juez suspendió los nombramientos de los funcionarios que iban a asumir en febrero. En principio, la medida rige por cinco días. Había<br /> sido impulsada por un legislador del massismo.

Batalla. El juez Lavié Pico, de ambivalente relación con el Gobierno, falló ayer contra Gils Carbó.
| Cedoc Perfil

En un nuevo round de la pelea política entre el Gobierno y la Justicia, la asunción de 16 fiscales se frenó ayer por al menos una semana. El juez federal en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico dio lugar a una medida precautelar presentada por un diputado del massismo para contrarrestar la última decisión de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. La jefa de los fiscales es el paladín de Cristina Fernández de Kirchner contra el sector judicial que se le paró de manos.

Antes de terminar el año, Gils Carbó tomó la más polémica de sus decisiones. Puso a 16 fiscales en puestos creados por el nuevo Código Procesal Penal, ya sancionado por ley, pero aún no reglamentado legalmente. Son cargos clave, fiscales ante cámaras de apelaciones de todo el país, incluida la de Capital Federal, que deberán revisar las decisiones de los fiscales federales. Eso incluye los casos de corrupción contra el Gobierno.

En duros términos, el juez Lavié Pico consideró que la “urgencia” por nombrar a esos 16 fiscales antes de la reglamentación del Código es “carente de toda razonabilidad”. La jefa de los fiscales ordenó ayer recusar al juez y a la fiscal de la causa. A él por haber adelantado opinión respecto del nombramiento de fiscales subrogantes, y a ella por pertenecer a la Asociación de Magistrados, uno de los denunciantes que quieren frenar los nombramientos. Lavié Pico ya había fallado en contra de la primera reforma judicial que impulsó el Gobierno, cuando habilitó un amparo que frenara la creación de nuevas cámaras de casación
(ver página 3).

“Tampoco se advierte cuáles son los motivos que podrían justificar las designaciones, con carácter urgente, en las nuevas fiscalías creadas, que se encuentran vinculadas a un Código que no habría sido implementado y tampoco se habrían configurado supuestos de gravedad o una circunstancia excepcional que justifique el apartamiento del régimen regular de designación”, dijo el magistrado en un escrito que se dio a conocer ayer a través de la página oficial de noticias de la Corte Suprema.

Plazos. La medida del juez tiene legalmente el alcance de cinco días desde la notificación a los demandados, es decir, desde que el juzgado informe a la Procuración y al Ministerio de Justicia que ha dado lugar a frenar los nombramientos. Ese dato demuestra el alcance meramente político y no práctico de la decisión del juez Lavié Pico: los nombramientos de los 16 fiscales volverían a estar efectivos a partir del 20 de enero. Pero ninguno está en funciones. No asumirán antes del 2 de febrero.

Las partes serán notificadas entre el lunes y el martes. A partir de esa fecha, Gils Carbó tiene cinco días para “explicar de manera clara y concreta” si su decisión se tomó de acuerdo con la ley.

Una vez presentado ese informe, el juez Lavié Pico entrará en licencia por vacaciones. Entonces, el próximo juez de la causa deberá confirmar o no el amparo y volver a frenar los nombramientos. De no hacerlo, recién en febrero la jueza titular del expediente volverá a su cargo y tendrá así la decisión central en la causa. Su regreso, además, coincide con la fecha en la que los 16 fiscales asuman en los cargos creados por el nuevo Código Procesal Penal.

La medida precautelar había sido solicitada por el diputado Mauricio D’Alessandro, del Frente Renovador, quien fue instruido por Sergio massa –según declaró ayer el legislador– para intentar frenar los nombramientos.

Los fiscales que fueron movidos de sus puestos originales por Gils Carbó y que a partir de febrero serán fiscales de Cámara tienen acuerdo del Senado para ejercer. El debate es si la procuradora puede poner en funciones nuevas fiscalías antes de que el Código Procesal Penal esté reglamentado. Además, en la denuncia el diputado planteó que el nuevo Código crea una Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo sistema judicial “con el fin de evaluar, controlar y proponer” los proyectos de ley de reglamentación.

Esa comisión tampoco está en funciones.