POLITICA
Caso Santiago Maldonado

Frente a la Justicia, los gendarmes siguen sumando contradicciones

Los efectivos desmintieron a uno de sus jefes, que había dicho que nunca estuvieron cerca de los mapuches ni llegaron hasta el río. También que no hubo disparos ni armas 9 milímetros.

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Dia agitado. En la jornada de ayer hubo intensa actividad en el juzgado federal de Esquel, donde declararon cuatro gendarmes que participaron del operativo del 1° de agosto. | Telam

La jornada de ayer tuvo una intensa actividad en el juzgado federal de Esquel, donde declararon cuatro efectivos de Gendarmería que participaron del violento operativo de desalojo del 1° de agosto, en Cushamen, donde se vio por última vez a Santiago Maldonado, el joven de 28 años que desde entonces permanece desaparecido.

El cabo Darío Rafael Zoilán, del escuadrón 36 de Esquel, fue uno de los primeros en declarar. Frente al juez federal Guido Otranto y la fiscal Silvia Avila, Zoilán relató que al llegar a la pendiente donde empieza el río Chubut hizo dos disparos al suelo y aseguró que entonces todavía no había visto a dos miembros de la comunidad mapuche que después divisó cruzando el río. En sede judicial, Zoilán aseguró que “no disparó contra ninguna persona” y agregó que “hizo dos disparos intimidatorios”, porque no veía a nadie y pensaba que alguno de los miembros de la comunidad podría estar escondido y tirarle una piedra. Sin embargo, en la entrevista de la investigación interna que hizo la fuerza, Zoilán había dicho que disparó al costado de una de las personas que estaba “entre las ramas, cruzando el río”. El punto no concuerda entre una y otra declaración, aunque Zoilán mantuvo en ambas exposiciones que el hombre, al que describió encapuchado, finalmente cruzó las aguas del río Chubut.

Este cambio en la versión de Zoilán es sólo uno más de una serie de contradicciones que existieron entre lo que declaró el segundo jefe del escuadrón 36 de Esquel, Juan Pablo Escola, y lo que se fue conociendo a medida que avanzó la investigación.

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Desde el comienzo del caso, tras conocerse la desaparición de Maldonado, hubo declaraciones de miembros de Gendarmería que negaron la detención del joven y dieron una serie de versiones sobre el procedimiento del 1° de agosto. Varias de esas versiones cayeron esta semana tras escucharse las declaraciones de distintos miembros de la propia fuerza.

Uno de los más vehementes defensores de la postura sobre lo que sucedió hace 46 días fue Escola. En una extensa entrevista al diario Clarín, el gendarme hizo algunas declaraciones que quedaron desarticuladas en las últimas horas.

Escola aseguró: “No íbamos armados con armas 9 milímetros, ningún arma de guerra fue usada”. Sin embargo, esta semana dos efectivos de la fuerza, conductores de un camión y una camioneta, admitieron ante la Justicia que iban armados con armas de ese calibre, algo que está dentro de lo reglamentario, según explicaron fuentes del caso a PERFIL.

“Nunca estuvimos a menos de 40 metros. Tampoco me esperaba que corrieran hacia el río, pensé que se iban a escapar por los costados. Iban rápido, no les seguíamos el paso. Nuestro equipo pesa unos 7 kilos en total, ¿cómo íbamos a hacer para capturarlos?”, se preguntó Escola. Sin embargo, varios de los testimonios que se fueron recibiendo en la investigación dieron cuenta de que varios oficiales llegaron cerca de los manifestantes. Así lo demostraron testimonios como el de Zoilán o Emmanuel Echazu, que estuvieron cerca de las aguas del Chubut, donde el primero incluso disparó dos veces.

Esa sola escena derriba aún más otras declaraciones de Escola, como la que aseguró: “Quedamos a varios metros de la costa del río, pensé que podían sorprendernos, no los veíamos. No alcanzamos el río. Ordené el repliegue hasta la zona de la casilla, en la entrada del predio”. Los testimonios de sus subordinados lo desmintieron. Fueron varios los que afirmaron que llegaron hasta orillas del Chubut, donde desde la semana pasada hay un rastrillaje de Prefectura.

Ayer, Zoilán también declaró cómo escuchó que uno de sus pares gritó: “¡Acá hay uno!”. Detalló que era en un sector del río que él no veía y que quien hablaba era el cabo Carlos Peloso, que les indicaba a otros compañeros dónde estaba uno de los miembros de la comunidad en las aguas del Chubut. El relato deja en evidencia algo que ya había empezado a delinearse en las anteriores declaraciones de otros gendarmes, que se produjeron esta semana, y que da cuenta del avance de la fuerza en el territorio, más allá de donde habían asegurado inicialmente.

Después de Zoilán fue el turno del alférez Emmanuel Echazu, el hombre que llegó ayer al juzgado de Esquel encapuchado y al que en las imágenes del 1° de agosto se lo vio con la cara ensangrentada. Herido en las afueras del territorio, relató ayer haber llegado al río después y que fue allí donde se encontró con Zoilán. Aunque afirmó que “él no escuchó ni vio el disparo”.

Junto a ellos también declararon los cabos Aníbal Cardozo y Diego Ramos. Aunque los cuatro formaron parte del operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia-Cushamen, a unos cien kilómetros de Esquel, Cardozo y Ramos no llegaron al río, sino que quedaron en la zona de la casilla o afuera. Y según reconstruyó este diario, no aportaron mayores datos en la causa.


Esperan más datos de los celulares

Con las cuatro declaraciones de ayer concluyó, al menos por ahora, la ronda de testimonios de miembros de Gendarmería. Para mañana se esperan las declaraciones de tres miembros de la comunidad mapuche.

En tanto, gran parte de la expectativa por el curso de la investigación pasa ahora por el análisis de los peritajes a los teléfonos de los gendarmes que participaron del operativo del 1° de agosto. Se trata de 18 carpetas que recibió a mediados de esta semana la fiscal Silvia Avila y del que ya se conoció un mensaje que hacía referencia a la pedrada que el oficial Neri Robledo le habría pegado a un manifestante. “Tené cuidado, no comentes nada. Vos no escuchaste ni dijiste que Robledo le dio un piedrazo al individuo”, decía el mensaje que fue recuperado a pesar de haber sido borrado.

El peritaje se realizó sobre más de setenta teléfonos secuestrados a los gendarmes por la fiscal Avila, que tiene delegada la investigación penal por desaparición forzada, en la que cuenta con el apoyo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin)