La Iglesia Católica lanzó un fuerete reclamo al gobierno de Néstor Kirchner por la “creciente extranjerización” de tierras productivas y la falta de una política de Estado en materia agraria.
En el documento “Una tierra para todos”, el Episcopado criticó la falta de una legislación que evite la expulsión de los propietarios originarios de sus tierras y que proteja “al tema del agua”.
El monseñor Germán Bounissen reveló que grupos económicos, que evitó identificar, “presionan” a pequeños productores rurarles y aborígenes a dejar sus tierras para establecer “emprendimientos empresariales”.
De esta manera, separándose de los acontecimientos protagonizados en la provincia de Corrientes por el subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, Luis D´Elia, la Comisión Episcopal de Pastoral Social retoma la idea de una reforma agraria.
El diagnóstico de la Iglesia revela que de un total de 900 comunidades indígenas, dos tercios no tienen títulos de propiedad de sus tierras y que el problema es “preocupante” en las provincias de Salta y Neuquén.
Asimismo, el informe de la institución eclesiástica fustigó “la venta de derechos de posesión de pequeños productores empobrecidos a grandes corporaciones de capitales nacionales y extranjeras”.
Los obispos, para modificar esta situación, proponen la generación de políticas para favorecer el uso racional y eficiente de la tierra, propiciar una estructura tributaria que grave impositivamente la tierra ociosa y el latifundio, y diseñar políticas que permitan el traspaso de tierras fiscales a la población carenciada que las ocupa.
