El proyecto de reforma judicial que impulsa el oficialismo desató grietas dentro de los magistrados. Visiones opuestas entre aquellos que lo defienden y los que no quieren que avance.
Sin dudas, una de sus más férreas defensoras es la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, líder de la Agrupación Justicia Legítima (alineada con el Gobierno).
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Tras el anunció del proyecto de “democratización” impulsado por la propia Cristina Fernández, habló con PERFIL.
—¿Cree, como dice la oposición, que los proyectos de reforma encubren un intento de cooptar al Poder Judicial? —Esto no se trata de una cooptación, sino que la rendición de cuentas, la transparencia, la publicación de fallos judiciales optimizan y fortalecen la actividad de la Justicia a favor de la gente. Se trata de legislar para la ciudadanía y terminar con las corporaciones. —¿Está de acuerdo con los contenidos de los seis proyectos? —Me parecen positivos. Se anunciaron proyectos con temas que no podían dejar de contemplarse. —¿No cree que la creación de Cámaras de Casación en los fueros laborales y previsionales perjudican a los trabajadores y jubilados al dilatar el proceso? —El tema de que haya una verdadera tercera instancia y unificación de la jurisprudencia a través de las Cámaras de Casación me parece impecable, es algo que con el transcurso del tiempo se hacía y habilita a que situaciones que la Corte no tenía oportunidad de ver ahora se analizarán en otra instancia. — ¿Estas reformas le quitarán facultades de decisión y disposición a la Corte? —La Corte Suprema es el máximo tribunal del país, nadie puede querer sacarle poder. —Respecto a la limitación de las medidas cautelares, la crítica ha sido que dejaría a los ciudadanos en situación de desigualdad frente al Estado. —Habrá que ver la reglamentación, es muy importante que se distinga cuando está en juego alguna situación de vulnerabilidad, como los casos de vida o muerte, salud, integridad física, derechos alimentarios. —¿Cuál es su postura respecto a la elección popular de consejeros? —Es uno de los proyectos que más me entusiasman porque si hay algo que he padecido en mi época de fiscal general es que las denuncias graves hechas en el Consejo de la Magistratura no avanzaran ni siquiera en las primeras etapas. Se han trabado tales redes en el Consejo que no van ni para adelante ni para atrás, y una reforma es importante por eso justamente. Estos proyectos tienden a reducir elementos corporativos del organismo al introducir académicos de otras especialidades. Es algo que yo ya sostenía antes de haber escuchado el proyecto, así que lógicamente estoy contenta.
