La procuradora Alejandra Gils Carbó nombró ayer a Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini como reemplazantes de Alberto Nisman en la investigación por el atentado de la AMIA. También designó a Juan Murray como coordinador de la Fiscalía Colegiada. Todos asumirán de manera conjunta la responsabilidad de la Unidad Especial.
Durante la presentación, Gils Carbó explicó sus objetivos en relación a la causa que conmociona al país y al mundo. Su comparecencia ante la prensa ocurría una hora después que se conociera la imputación penal contra la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sustentada en la denuncia de Nisman por supuesto encubrimiento a los iraníes en el atentado a la mutual judía AMIA, perpetrado en julio de 1994.
El requerimiento contra la Presidenta fue impulsado por un fiscal que frecuentemente se rebela contra los designios de la procuradora, Gerardo Pollicita. Quien era amigo y ex compañero de Nisman en la Fiscalía de Morón cuando ambos empezaron sus carreras, bajo el mando del entonces fiscal, Santiago Blanco Bermúdez, actual abogado del ex hombre fuerte de la Secretario de Inteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso.
Esto no le gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
La titular del Ministerio Público explicó durante la presentación de los nuevos fiscales del caso AMIA que logró “formar un equipo” que es “muy equilibrado por su integridad y valentía”. Y agregó: “Buscamos garantizar el trabajo del fiscal Nisman y lograr el mayor esfuerzo de todas las dependencias de la fiscalía general para llegar a la verdad”.
“La relación fluida y cordial que mantuve con el doctor Nisman y el apoyo permanente institucional a su labor se mantuvo siempre, nunca se pensó en removerlo de su cargo”, resaltó la procuradora. “Si bien no están claras las razones alrededor de la muerte de Nisman, debemos respetar la investigación en curso a cargo de la fiscal Viviana Fein, a quien reconozco su objetividad y compromiso en su tarea”, sentenció la jefa de los fiscales.
A Nisman “se le ofreció reforzar la custodia cuando se conocieron una serie de amenazas atribuidas a grupos islámicos, pero contestó que no era necesario porque tenía una custodia apropiada”, destacó la titular del Ministerio Público.
Si bien los flamantes investigadores tienen experiencia en hechos de corrupción, narcotráfico y derechos humanos ante los tribunales orales en diversas jurisdicciones, en la Justicia Federal se los alinea con el Gobierno. Mientras que juristas cuestionaron que no se haya seleccionado a personas expertas en terrorismo internacional y delitos transnacionales.
Los elegidos. Sabrina Namer es tal vez la más destacada del nuevo equipo por sus antecedentes judiciales y académicos. Se especula con que será el nexo entre la Comisión de Fiscales y Gils Carbó, con quien mantendría una excelente relación de confianza mutua. Fue secretaria de la Cámara del Crimen y discípula del ex procurador Esteban Righi, quien renunció ante el Boudogate en 2012. Actualmente, se desempeña como fiscal ante los tribunales orales de la Ciudad de Buenos Aires. Entre enero de 2004 y mayo de 2005 fue funcionaria del gobierno de Néstor Kirchner frente a la coordinación de Investigaciones y Fraudes contra el Estado en la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia.
Estuvo a cargo de las polémicas causas de corrupción como IBM-Banco Nación y las supuestas coimas en el Senado. En ambas causas, los imputados fueron absueltos. También fue nominada en una terna para cubrir el cargo de fiscal general ante los tribunales orales federales de Capital, pero el Poder Ejecutivo no la seleccionó. Juan Murray, ex fiscal subrrogante en Rosario y secretario de la Procuraduría de Narcocrimen, y Patricio Sabadini, hasta ahora fiscal en Reconquista, son los dos integrantes del nuevo equipo que suscribieron la solicitada que dio origen a la Agrupación “Justicia Legítima”, afín a las posturas oficialistas sobre la reforma judicial. Sus detractores aseguran que alcanzaron los cargos judiciales que ostentaron por ímpetu militante antes que mérito jurídico.
