La reforma que el Gobierno impulsa en el Poder Judicial ya llegó a las fiscalías, cuyos miembros se encargan de acusar e investigar desde funcionarios públicos y poderosos empresarios hasta asesinos, ladrones, narcotraficantes o simples vecinos denunciados.
La jefa de los fiscales, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ya tiene redactado un “Programa de Transparencia” del Ministerio Público Fiscal, que incluye la creación de un Tribunal de Ética para controlar a sus subordinados.
El órgano, según sus autores, se pensó para “afianzar la independencia” de los fiscales “de los otros poderes del Estado y de los otros factores de poder, como el económico y el mediático”, en clara señal al sector de la Justicia enfrentado con el Gobierno en la feroz pelea desatada por la Ley de Medios y la selección de magistrados.
El documento, al que accedió PERFIL, plantea la necesidad de crear un Código de Ética Judicial y un Tribunal que sancione a los fiscales si no cumplen las nuevas reglas.
Según el texto del programa oficial, “si se constata que un fiscal o funcionario (judicial) ha violado el código de ética”, el tribunal presentará un dictamen ante la Procuradora quien deberá decidir el destino de ese fiscal. Según el escrito que ordenó redactar Gils Carbó, la jefa de los fiscales podrá: aplicar un llamado de atención o sanciones; ordenar la apertura de un sumario administrativo; o promover el enjuiciamiento del magistrado.
El tribunal en cuestión se constituirá como un órgano interno de la Justicia y podría estar integrado por miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por académicos de otras profesiones, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos. La decisión generó desconfianza e incertidumbre en los fiscales federales, encargados de las causas sensibles para el poder político y económico. Creen que el Tribunal podría convertirse en una especie de Consejo de la Magistratura –el órgano que selecciona y controla a los jueces– al mando del kirchnerismo y sus aliados, encausado en perseguir enemigos políticos o castigar a los funcionarios judiciales que contradigan los intereses del oficialismo.
Reglas. En el proyecto que encara la Procuración, el código de ética estará destinado a “garantizar la independencia del juez” y la “imparcialidad”, entre otros aspectos. Además, establece que “deberá incorporarse una regulación sobre conflictos de intereses, regalos y viajes”, que tomará como modelo el de la Ley Nacional de Ética Pública de la Oficina Anticorrupción.
