Gils Carbó ratificó que el 2x1 no es aplicable a represores
La Procuradora General la inaplicabilidad surge de la "obligación constitucional del Estado Nacional de asegurar que las penas impuestas en casos de graves violaciones a los derechos humanos y su ejecución sean adecuadas y proporcionales".
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. |
Cedoc
Según informó el portal fiscales.gob.ar, el dictamen de la jefa de los fiscales fue presentado en los incidentes formados por las peticiones de trece represores que, tras el polémico fallo de la Corte en el caso Muiña, solicitaron la aplicación del cómputo privilegiado del "2x1" para las penas que están cumpliendo.
Esos expedientes fueron remitidos a la Procuración por la Corte Suprema inmediatamente después de que el Congreso sancionara la ley 27.362, que limita los alcances del fallo de la Corte. Esta norma fue votada en el marco del repudio social generalizado que provocó la decisión del Alto Tribunal.
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En el artículo 1º de la flamante ley se indica que el denominado 2x1 "no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional".
"El Congreso de la Nación, al sancionar la ley 27.362, ha recogido la única interpretación constitucionalmente válida de la regla que preveía la ley 24.390", indicó Gils Carbó en su dictamen.
Asimismo, sostuvo que la inaplicabilidad del artículo 7 de la ley 24.390 "surge de la obligación constitucional del Estado Nacional de asegurar que las penas impuestas en casos de graves violaciones a los derechos humanos y su ejecución sean adecuadas y proporcionales, y que la aplicación de las normas internas no constituya un factor de impunidad ni implique la conmutación de las penas".
Gils Carbó emitió el dictamen en el caso del último presidente de la dictadura militar Reynaldo Bignone -condenado a 15 años de prisión en la misma causa en la que Muiña obtuvo el beneficio- y en los otros doce expedientes se remitió a las conclusiones del primero.
Si bien no es vinculante, la Corte quedó en condiciones de resolver frente a a los incidentes formados por las peticiones de trece represores que solicitaron la aplicación del cómputo privilegiado del "dos por uno" para las penas que están cumpliendo.
