Movimientos sociales reclamaron ayer a los ministros Triaca y Stanley por la ejecución de unos $ 5 mil millones de la ley de Emergencia Social. El miércoles irán a los hipermercados y la próxima semana, a rutas y avenidas.
Dirigentes. Menéndez, Grabois, Onorato, Mariño y Pérsico también pidieron por Santiago Maldonado. |
Telam
El endurecimiento del Gobierno también llegó a la relación con las organizaciones sociales. Envalentonado tras el resultado de las PASO, en un giro parecido al que tuvo con la CGT, ayer el macrismo optó por mostrarle los colmillos a los representantes de la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. Si bien el quiebre está lejos de ser definitivo, el oficialismo tensó el vínculo con los grupos sociales, un sector con el que había mantenido un trato fluido durante sus 21 meses de gestión. La disputa de fondo es por unos 5 mil millones de pesos, presuntamente subejecutados. “La sociedad legitimó el rumbo”, se jactó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en uno de los momentos más friccionados del encuentro. Fue una forma de cerrar el debate sobre la aplicación de la Ley de Emergencia Social, en el que no parecía haber punto de acuerdo. Y finalmente no lo habría.
A las 8.30, en el salón de reuniones de Desarrollo Social estaban la ministra Carolina Stanley, Triaca, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. La presencia de tres funcionarios de primera línea le dio un rango oficialísimo a la intransigencia del Gobierno. A diferencia de citas previas, esta vez no existió un reparto de roles entre ministros: el rechazo a aumentar la cantidad de salarios sociales complementarios (100 mil trabajadores precarizados cobran $ 4.430 por mes) fue cerrado y unánime.
Del otro lado de la mesa se sentaron Daniel Menéndez (líder de Barrios de Pie); Juan Grabois y Gildo Onorato (CTEP); Federico Mariño (CCC); y Emilio Pérsico (Movimiento Evita). A los invitados se les ofreció agua y un juego de mate. Stanley cebó y repartió el suyo entre los funcionarios, así que ni siquiera hubo mate compartido entre bandos. Grabois le entregó a cada ministro un mini-cartel que reclamaba por la aparición de Santiago Maldonado.
Medidas. A las 9.30, los cinco dirigentes sociales ya estaban en la puerta del ministerio, en Belgrano y 9 de Julio, confirmando que se había tratado de un “encuentro malísimo, el peor que hayamos tenido”. Desde ahí fueron a una oficina de la CTEP, en Constitución, donde decidieron coordinar un plan de protestas ascendentes: el miércoles, el triunvirato piquetero (CTEP, Barrios y la CCC) reclamará frente a hipermercados de todo el país. Y a la semana siguiente lo hará en rutas y avenidas, con un posible acampe en La Matanza. Desde el ministerio de Stanley se limitaron a comentar que “surgieron diferencias sobre tiempos y modos de implementación” de la Ley de Emergencia, sancionada por amplia mayoría en diciembre. Esa “diferencia” se traduce en 5 mil millones de pesos. Según la ley, el Estado iba a otorgar entre 25 y 30 mil millones de pesos, a lo largo de tres años y en forma de salario complementario (la mitad del mínimo), a trabajadores de la economía popular.
Así, se suponía que el Gobierno iba a destinar $ 10 mil millones en 2017. Pero, tras algunas demoras, sólo incluyó a 100 mil trabajadores a partir de julio: proyectando esa inversión, las organizaciones calculan que el oficialismo habrá invertido alrededor de 3 mil millones. O sea, una subejecución del 70%.
La versión macrista es bien distinta: incluye en el presupuesto un paquete de planes, preexistentes a la ley, otorgados por el Ministerio de Trabajo. Y así estima una ejecución de más del 80%. Ante semejante disparidad de criterios, se acaba de instalar un nuevo choque de fuerzas políticas.
