La de las pensiones por invalidez laboral es una de las cuentas del presupuesto en las que el Gobierno todavía no pudo aplicar un ajuste. Son $ 114 mil millones que insumirán este año para pagar las más de un millón de pensiones para personas que están incapacitadas para trabajar y viven en una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en un primer relevamiento ya se encontró que hay unas 1.800 personas que cobran la pensión y además tienen un trabajo en blanco.
Desde la Agencia Nacional de Discapacidad anunciaron esta semana que comenzarán a enviar telegramas a beneficiarios de la pensión por invalidez para que actualicen la información de su certificado médico obligatorio (CMO). Se trata del comprobante que los médicos firman para ratificar que la persona tiene una discapacidad o enfermedad que le disminuye su posibilidad laboral en un 76% o más. En la actualidad, en el edificio de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, a metros del Congreso, se acumulan cajas y cajas con los certificados médicos de los beneficiarios. “Son cinco pisos en papeles”, explican fuentes con acceso al material, que en muchos casos está ilegible, incompleto, si no perdido.
Por eso, ahora la Agencia de Discapacidad –que comanda Santiago Ibarzábal bajo la órbita de la vicepresidenta, Gabriela Michetti– puso en marcha la implementación de un sistema digital para tramitar el CMO. Lo quieren hacer en tandas, porque temen que colapsen los hospitales públicos si se implementa para todos los beneficiarios de una sola vez.
El CMO digital, a su vez, reducirá las maniobras de médicos que firmaban certificados que no correspondían con una incapacidad del 76% para trabajar (casos de diabetes, por ejemplo).
ANSES: más jubilados pagarán ganancias
Los telegramas enviados, a su vez, servirán para normalizar también la situación de irregularidades que ya se detectaron. Desde la Agencia manejan la información con mucha cautela, porque no quieren generar pánico entre los beneficiarios. La experiencia de 2017, donde cortaron 70 mil pensiones por un simple cruce de datos y sin analizar caso por caso, les dejó el aprendizaje. De hecho, ayer desde Jefatura de Gabinete reiteraron que “nadie va a perder su pensión, a menos que una vez actualizados y analizados los datos se detecte alguna irregularidad”.
No obstante, PERFIL accedió a planillas que indican que en un primer relevamiento encontraron 1.770 casos en los que el beneficiario cobra un sueldo en blanco. La mayoría (un 67%) cobra sueldos de entre $ 10 mil y $ 20 mil, pero también hay casos de más de $ 50 mil. Esa sola información es suficiente para suspender el plan, ya que uno de los requisitos para cobrarlo es no estar en relación de dependencia. Pero desde la Agencia prefieren primero notificar a las personas y emplazarlas a presentar la documentación que acredite lo contrario. Tendrán sesenta días para tramitar el turno en Anses, con posibilidad de prorrogarlos.
En el Gobierno consideran que en el kirchnerismo muchas pensiones se otorgaron como si fuera un plan social. Por eso, aseguran que en los casos en los que esté mal otorgada pero existan situaciones de vulnerabilidad coordinarán con el Ministerio de Desarrollo Social. En 2003 había 170 mil beneficiarios. Y en la actualidad hay 1.044.000, número que no subió durante el macrismo, pero que tampoco bajó. Hoy cada beneficiario cobra $ 6.500 por mes, cifra que en marzo, por la movilidad, subirá a $ 7.200.
Entre las irregularidades también detectaron casos de personas que cobran jubilaciones (está prohibido recibir otra prestación del Estado), otros que se fueron a vivir al exterior y la siguen cobrando, y casos que no se presentaron a cobrar la pensión en los últimos tres meses.
