La Cámara Federal de Casación Penal ratificó hoy que la investigación por lavado de dinero en la causa Hotesur debe seguir instruyéndose en los tribunales porteños de Retiro.
Así, el tribunal rechazó que la cause se tramite en Río Gallegos, como pretendían la familia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los empresarios ligados a la causa.
Además, Casación ordenó que también se investigue la denuncia que sobre la supuesta existencia de una bóveda del empresario kirchnerista Lázaro Báez, en su chacra de la capital santacruceña.
La resolución fue adoptada por la Sala I, integrada por Ana María Figueroa, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos. Esos jueces rechazaron las quejas interpuestas por las defensas de Báez -dueño de Austral Construcciones- y de Antonio Ramfos -titular de Credisol SA- sobre hechos relacionados con la investigación de "Hotesur". Como consecuencia de esa decisión, ambas tramitarán ante la Justicia federal de esta capital.
El fallo de Casación llega justo cuando aún no se sabe quién se hará cargo de la investigación de la causa que involucra a la exmandataria y su círculo más íntimo.
El juez federal Daniel Rafecas resolvió el miércoles pasado que declinaba la competencia, por la pesquisa del vínculo entre la ex presidenta Fernández, Báez y Cristóbal López. Dicho magistrado entiende que la tarea le corresponde a su colega Julián Ercolini, quien instruye desde 2008 una causa por asociación ilícita contra el ex matrimonio presidencial, exfuncionarios y empresarios.
Ercolini aún no resolvió si aceptará esa derivación, y el conflicto tendrá que dirimirlo la Cámara Federal.
La llamada causa "Hotesur" se abrió en noviembre de 2014 para saber si empresas privadas ligadas al kirchnerismo y contratadas para obra pública incurrieron en operaciones de lavado de dinero contratando habitaciones de los hoteles "Alto Calafate" y "Los Sauces", de la familia Kirchner, y que nunca fueron usadas.
Por distintos motivos tanto Ramfos como las defensas de Romina Mercado, presidenta de "Hotesur" y sobrina de Cristina Fernández; de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria de Río Gallegos, y de Báez, pidieron que la causa pase al sur porque entienden que los hechos que se investigan ocurrieron allí y las empresas involucradas están instaladas en la provincia de Santa Cruz.
Tanto el juez federal Claudio Bonadio -antes de ser apartado de la causa-, como la Sala I de la Cámara Federal y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazaron el pedido de los imputados. Mientras, Casación resolvió además que la Justicia federal porteña analice si Báez tenía una bóveda donde había documentos, dinero y armas, según se había denunciado en el programa Periodismo Para Todos (PPT), de Canal 13.
Eso generó que el empresario se autodenunciara en los tribunales de Río Gallegos para que lo investigaran, pero la jueza en cuestión entendió que el hecho correspondía al fuero en lo Penal Tributario porteño.
El caso fue derivado a la Justicia federal de la Capital Federal para sumarse al caso "Hotesur", pero las defensas de Báez y Ramfos apelaron y ahora Casación volvió a darles una negativa. Los camaristas Figueroa, Borinsky y Hornos rechazaron el planteo por "inadmisible", porque "las resoluciones que deciden acerca de cuestiones de competencia -en principio- no resultan revisables en la instancia".
