Tras la publicación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) en el Boletín Oficial en el día de ayer, el oficialismo salió a defender la implementación del nuevo sistema de extinción de dominio y su constitucionalidad frente a las críticas de la oposición, que solicita que se resuelva en el congreso. El jefe del bloque de Senadores del PRO, Humberto Schiavoni, confirmó hoy que el oficialismo iniciará una “búsqueda de consensos” en el Congreso para analizar si es posible insistir con el tratamiento de la extinción de dominio en el Poder Legislativo.
En diálogo con FM Milenium, el legislador nacional por Misiones anunció que se encuentra en conversaciones preliminares para evaluar la posibilidad del tratamiento de la ley legislativamente, y recordó que el Congreso se encuentra actualmente en receso. Además, explicó que avanzarán en la búsqueda de consenso y en el lapso de una semana tendrán una respuesta al respecto. Adelantó que en el caso de que haya coincidencias en el texto del decreto, es poco probable que se encuentren dificultades para tratarlo en el Congreso. Agregó que “el texto es muy equilibrado, muy necesario y no puede haber disidencias sobre el fondo”.
Cuáles son los puntos clave del decreto de Extinción de Dominio
En tanto, el ministro del interior, Rogelio Frigerio, sostuvo que “si hay una decisión y consenso en el Congreso para transformar la extinción de dominio en ley o en una discusión en el parlamento “bienvenido sea”, pero resaltó que “hasta ahora no se pudo llegar a ese acuerdo y la Argentina necesita esa herramienta para recuperar lo robado”. Por otro lado, anunció que aún no está definido un eventual llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar el tema, y aclaró que “a partir de la decisión del Presidente de la sanción del DNU, la Argentina ya cuenta con esa herramienta y está vigente”, por lo cual si el Congreso busca complementarla con una discusión en ese ámbito, “bienvenido sea”.
Respecto a la constitucionalidad del decreto, Schiavoni defendió el DNU y sostuvo que el Presidente Maurico Macri no legisló “en materia penal”, que sí estaría prohibido por la Constitución, sino que se trata de una “acción civil que se desenvuelve en sede de la justicia civil” por lo tanto, “no tiene que ver con lo penal sino con lo patrimonial”. Además, explicó que el decreto es necesario, ya que proyectos en este sentido demoraron casi tres años en ser tratados. Por último, destacó la “necesidad de avanzar en soluciones, sobre todo en el delito de narcotráfico” en el cual los narcotraficantes utilizan sus bienes como medio de pagos a “abogados, jueces y policías”.
Fuente: NA
G.P./EA
