Al enterarse, el jefe de Gabinete nacional,
Aníbal Fernández, minimizó la imputación y aseguró que "no es un tema para
preocupar". "Lo que muchos no saben es que nosotros somos objeto de millones de denuncias, que son
prolijamente seguidas, cuidadas, atendidas y terminadas como corresponde y archivadas porque la
mayoría no tiene asidero. ¿Por qué tengo que pensar que esta sí?", se preguntó Fernández.
Asimismo, remarcó a radio Mitre que "no es mayor la preocupación" para el Gobierno y señaló que
"cada vez que hay una imputación de esas características, lo que hay que hacer es presentar papeles
o documentaciones o testigos, para que se resuelvan las cosas como corresponde". "A Ricardo
(Echegaray) no le debe gustar porque es un funcionario ejemplar", indicó.
Según publica el diario
Clarín, en la denuncia penal los legisladores lo señalan por
montar una oficina paralela a la ONCCA para poder negociar desde allí el pago de
compensaciones a los engordadores de hacienda y otros sectores agroindustriales. Los diputados
señalaron, además, que en esa oficina se "reclamaban coimas que iban del 15 al 30 por ciento" de
los montos en juego.
La denuncia realizada por los legisladores recayó en el juzgado de Daniel Rafecas en octubre de
2009. Ahora, se encuentra en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. Allí
terminaron otros tantos expedientes similares. La comisión de la Cámara Baja que investiga estas
irregularidades fue promovida por Christian Gribaudo, un hombre del PRO, a partir de las denuncias
vertidas en una página web creada especialmente para aunar denuncias sobre la ONCCA.
El fiscal Carlos Cearras consideró que había elementos suficientes para "imputar" a Echegaray,
al ex titular de la ONCCA Emilio Eyras y a Diego Gayarzabal, Oscar Villaverde, Patricio Duhalde,
Marcelo Utje, Christian Turba, Eduardo Nitti, Cristina Ingratta, Bernardo Calcagno y Luis Gentile.
Los mencionados fueron parte de las paersonas que Echegaray puso en la ONCCA, así como muchos aún
continúan bajo el mando de Echegaray.
