El fiscal requirió al juez Sergio Torres impulsar la investigación contra el magistrado y el funcionario del gobierno. Di Lello pidió la lista completa de las personas que compraron futuros "entre el 15/10/2015 y 9/12/2015". La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió ser querellante en este caso, algo que también quedará bajo resolución del juez federal.
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De hecho, entre las medidas que le propuso Di Lello al juez Sergio Torres está el llamado como testigo a Cristina Fernández y al ex ministro de Economía Axel Kicillof (ambos imputados en la causa de Bonadio y cuya situación procesal debe resolverse), así como a funcionarios del Gobierno, entre ellos el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay (cuyo testimonio fue clave en la causa contra la ex jefe de Estado).
También propuso que a la causa se adjunte una copia del debate que protagonizaron durante la campaña electoral ante el ballotage en la Facultad de Derecho los candidatos Mauricio Macri (hoy Presidente) y Daniel Scioli (postulante por el FpV), según el escrito al que accedió DyN. Y solicitó informes a la Cámara de Diputados sobre las leyes de presupuesto de los años 2015 y 2016 y que se cite a declaración testimonial a Cristina Fernández, a Kicillof, a Prat Gay y Peña, a los economistas Aldo Pignanelli, Roberto Lavagna y Juan Carlos De Pablo; a los diputados Federico Pinedo y Mario Negri (responsables de la denuncia por dólar futuro que tiene Bonadio) y a los periodistas Roberto Navarro y Jorge Asís, entre otros.
El origen. El bloque de diputados del FpV precisó en su denuncia que Sturzenegger podría haber incurrido en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Bonadio fue acusado, en tanto, de prevaricato, “al dictar resoluciones contrarias a la ley y fundadas en hechos falsos”.
Para los legisladores hubo “administración infiel” en perjuicio de la administración pública porque se modificaron las condiciones en que fueron rubricados los contratos.
