El juez federal Ariel Lijo indagó al presidente de Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa, y al abogado de la compañía, Jaime Kleidermacher, en el marco de la causa penal en la que se investiga si el gobierno de Mauricio Macri firmó un acuerdo con la empresa de la familia presidencial en detrimento del Estado, confirmaron fuentes judiciales a PERFIL.
Los dos hombres indagados este jueves en los tribunales federales de Retiro son colaboradores de estrecha confianza de la familia Macri. Están acusados por el fiscal Gerardo Pollicita de haber realizado un acuerdo “abusivo” con el Estado en nombre de Correo Argentino SA, en junio de 2016.
El juez Lijo indagará la próxima semana al ministro de Defensa, Oscar Aguad, que entonces se desempeñaba como ministro de Comunicaciones, y a su subalterno Juan Manuel Mocoroa, informaron las fuentes. También están acusados en el expediente, ya que intervinieron en la negociación.
Tanto Cibils Robirosa como Kleidermacher habían solicitado la semana pasada al juez que declare nulo el dictamen del fiscal Pollicita y suspenda las indagatorias. Así consta en un escrito incorporado al expediente. Ante el magistrado, durante la mañana del jueves, presentaron nuevos escritos y volvieron a insistir con el planteo, explicaron fuentes con acceso directo a la causa. Para ambos colaboradores de la familia Macri, la acusación del fiscal sería errónea.
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En su defensa, los indagados también presentaron un estudio realizado por particulares que plantean una teoría distinta a la de la fiscalía y que sostiene que el acuerdo entre la compañía Correo y el Gobierno no era perjudicial para el Estado argentino.
La acusación del fiscal Pollicita planteó que los funcionarios de Macri debían garantizar los intereses del patrimonio público pero terminaron firmando un pacto por el que que el Estado dejaría de percibir más de $ 4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación. A marzo de 2033, cuando finalizara el plan de pagos acordado, la administración pública habría dejado de recibir más de $ 70.163 millones de Correo Argentino SA. Así lo había sostenido un dictamen de la fiscal general Gabriela Boquin, del fuero comercial.
Cibils Robirosa es el presidente del directorio de Correo Argentino SA, una empresa residual que administra lo que queda de la compañía. Es un hombre que responde a Sideco, principal empresa del holding Macri.
El abogado Kleidermacher es el letrado patrocinante de Sideco y de Correo. El juez Lijo los citó a declarar como partícipes necesarios de la maniobra que se le imputa a los funcionarios públicos.
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Tanto Cibils Robirosa como Kleidermacher participaron en la audiencia del 28 de junio de 2016 en la que “se perfeccionó el acuerdo en virtud del cual el Estado Nacional resignaba una porción inadmisible de la suma adeudada” por Correo, otorgando un “beneficio ilegítimo” a la empresa de los Macri, aseguró el fiscal en su dictamen de diciembre último.
El caso. El Gobierno de Macri y la empresa de su familia debían llegar a un acuerdo para que Correo Argentino SA pagara una deuda con el Estado Nacional que viene arrastrando desde hace casi dos décadas por cánones adeudados durante la concesión del correo. Entonces, Franco Macri estaba al mando de la compañía. Tras la estatización del correo en 2003, la compañía que gerenciaba el servicio se negó a pagar su deuda y esta comenzó a acumular intereses millonarios.
El junio de 2016, los funcionarios de Macri habían acordado una quita del 98,87 % a la deuda de Correo Argentino SA con el Estado, en un pacto que el fiscal Pollicita calificó el jueves como “abusivo” y “perjudicial para la administración pública”, utilizando la mismas palabras a las que había recurrido la fiscal general Boquin cuando frenó el acuerdo en la Justicia comercial en febrero de 2017.
Tanto Lijo como el fiscal deben avanzar con al menos tres ejes pendientes en la investigación: qué rol cumplió realmente el presidente Macri en el acuerdo entre el Gobierno y la empresa de su familia; si la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, incurrió en irregularidades al emitir un dictamen avalando todo lo actuado por Aguad y Mocoroa; y el accionar de las juezas que intervienen en el caso en la Justicia comercial.
