El juez federal Julián Ercolini decidió la intervención de Hotesur S.A., la empresa de la familia Kirchner, eje de una investigación judicial por presuntas maniobras de lavados de activos. El expediente alcanza a Cristina Fernández de Kirchner; a sus hijos, Máximo y Florencia; y al empresario Lázaro Báez.
En su escrito de diez páginas, Ercolini detalló los motivos que llevaron a tomar la decisión, y recordó otra serie de medidas que ya se tomaron en el expediente: desde los llamados a indagatoria de la ex presidenta, sus hijos y Báez, hasta la inhibición general de bienes, pasando por el embargo de millones en dólares y pesos a nombre de Florencia y la designación de veedores en la sociedad.
Entre los motivos que llevaron al magistrado a hacer lugar al pedido de intervención -presentado por el fiscal del caso, Gerardo Pollicita- estuvo la falta de autoridades en Hotesur, desde diciembre, lo que hacía imposible su funcionamiento y las indicaciones de funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ), en el mismo sentido.
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"A la luz de los acontecimientos relevados en el marco de este incidente, resultaba necesario ampliar las facultades de la intervención dispuesta respecto de Hotesur SA con el objeto de mantener incólume el patrimonio cautelado", escribió el juez.
Ercolini detalló que se trata de una intervención completa (y no una co-administración, porque no hay administración) que tendrá, en principio una duración de seis meses y contará con "facultades de información, administración y recaudación".
Una de las profesiones designadas por el magistrado es Raquel Moyano, quien ya tiene a su cargo un puesto similar en el condominio de Máximo y Florencia Kirchner. El segundo profesional será un contador que saldrá por el sistema de sorteo del Poder Judicial.
Entre los motivos que llevaron a Pollicita a solicitar la intervención estuvieron la acefalía de la administración de Hotesur, la ausencia de libros contables y societarios de la empresa, y "la falta de colaboración de las autoridades de la firma con los veedores judiciales".
Hasta noviembre pasado, las autoridades del directorio de Hotesur eran Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner y sobrina de CFK, y Rocío García, entonces pareja de Máximo Kirchner. Ambas renunciaron a sus puestos a fines de ese mes y sus dimisiones fueron aceptadas un mes después por Máximo y Florencia K. La falta de directores impedía el funcionamiento de la sociedad, lo que fue ratificado en declaración testimonial por un funcionario de la IGJ.
A través de las diez páginas del escrito, Ercolini recordó también el antecedente que se investiga de presunta defraudación al Estado, mediante la adjudicación de obra pública de forma irregular en la provincia de Santa Cruz.
El magistrado resaltó que "se investigan presuntas maniobras de lavado de activos que habrían sido llevadas a cabo, entre otras personas por Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y por Lázaro Antonio Báez". Y que "esas maniobras tenían como beneficiario a empresas de Báez y otras personas". Por último, sostuvo que Hotesur era una de las "personas jurídicas a través de las cuales la familia Kirchner habría recibido periódicamente dinero obtenido mediante la defraudación contra al Estado nacional".
