La Oficina Anticorrupción (OA) intimó al número dos del Ministerio de Modernización, Eduardo Martelli, a informar sobre la sociedad offshore Cristina Finances SA, en la que figura como accionista y administrador. El equipo argentino de Panamá Papers reveló el domingo 24 de junio que el funcionario figuró como apoderado y dueño de dicha compañía panameña que controló propiedades en la zona de Punta del Este, según consta en documentos del año 2016.
A partir de las revelaciones periodísticas, la semana pasada la OA pidió explicaciones: le envió una nota a Martelli "intimando para que haga las aclaraciones que estime pertinentes" sobre su patrimonio, según fuentes oficiales. A partir del requerimiento, el funcionario tiene 10 días hábiles para responder. Luego de su presentación, el organismo definirá si inicia o no una investigación interna contra el funcionario.
Martelli es hombre de confianza del ministro Andrés Ibarra y es cercano al presidente Mauricio Macri. Es quien lidera el proceso de modernización del Estado y del acceso a la documentación pública sobre compras, declaraciones juradas y otros rubros. Fue funcionario en el gobierno de la Ciudad entre 2008 y 2015. Durante las gestiones de Macri como jefe de Gobierno porteño, fue jefe de Gabinete en la Secretaría Legal y Técnica y luego subsecretario de Gestión de Modernización Administrativa.
El segundo de Modernización presentó dos declaraciones juradas ante la OA: una corresponde al periodo 2015 y otra al de 2016. En ninguna de ellas mencionó a Cristina Finances SA ni propiedades, sociedades, dinero o ningún tipo de bienes en el exterior. En diciembre de 2015, declaró un patrimonio de $ 5,6 millones, que incluye 8 inmuebles en el país, 9 automóviles, participación en 8 sociedades anónimas y depósitos de dinero. Para diciembre de 2016, su patrimonio creció un 5,4 %, en especial debido a la incorporación de un plazo fijo por unos $ 300.000. Cerró con casi $ 6 millones.
Martelli ya dijo al equipo argentino de Panamá Papers, que integra PERFIL, que había sido accionista de Cristina Finances SA “por un día” debido a un error administrativo, adjudicó la sociedad a una de sus hermanas y afirmó que por esa razón no había declarado la sociedad offshore en sus declaraciones juradas.
Los nuevos documentos de Panamá Papers obtenidos por el diario Süddeutschen Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) cuentan otra versión. El funcionario obtuvo en 2010 un poder para administrar la sociedad panameña Cristina Finances SA. Entonces, se desempeñaba como funcionario del Gobierno porteño. Seis años más tarde, el 6 de mayo de 2016, las acciones de la offshore pasaron a nombre de Martelli. Para ese momento había asumido como secretario de Modernización.
Consultado por el equipo de ICIJ, Martelli afirmó que el único activo de Cristina Finances SA es una casa de veraneo de unos 200 metros cuadrados en una exclusiva zona de Uruguay y que dicha propiedad era parte de una herencia. Sin embargo, la documentación que surge de los Panamá Papers y corroborada con los registros públicos de Uruguay demuestran que la offshore panameña tuvo más terrenos. Según una escritura de 2005, la sociedad vendió seis lotes aledaños a la constructora Safidal SA por varios millones de dólares. Ante una segunda consulta periodística, Martelli confirmó la información.
Versiones y papeles
El funcionario sostiene que figura como dueño de la offshore debido a un error administrativo. Afirma que fue dueño de Cristina Finances “por un día”, ya que el 7 de mayo de 2016 le cedió todas las acciones a su hermana Andrea. El funcionario explicó que por esa razón no mencionó a la offshore panameña en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. “En el reparto de bienes de la herencia, decidimos que mi hermana se quede con la casa de Maldonado porque ella vive en Uruguay”, dijo. Para probar su versión, Martelli exhibió un certificado de acciones de Cristina Finances a nombre de Andrea Martelli con fecha del 7 de mayo de 2016. Es decir, 24 horas después de haberse emitido el primer papel a su nombre. “Fue un error administrativo sobre un bien heredado. No hay nada trucho”, aclaró el funcionario.
Ese certificado no encaja con el resto de la documentación y tampoco consta en el Registro Público de Panamá ni en los archivos internos de Mossack Fonseca. Está firmado por Guillermo Domínguez, quien legitima el cambio de accionista como presidente de la sociedad. Pero según el Registro Público de Panamá, Domínguez recién asumió en ese cargo el 13 de octubre de 2016, cinco meses después de la fecha de emisión del certificado exhibido por Martelli.
¿Cómo pudo Domínguez firmar un documento cinco meses antes de asumir? Ante una tercera consulta a Martelli, el funcionario respondió que pudo tratarse de una “fecha valor” y remitió la consulta a un familiar que señaló que se trató de otro “error administrativo sobre un bien heredado” que habría cometido el estudio jurídico uruguayo Damiani, intermediario con Mossack Fonseca. “No hay nada trucho”, enfatizaron.
