El ministro del Interior, Florencio Randazzo, sumó ayer otra causa judicial. El fiscal federal Ramiro González lo imputó por presunto perjuicio a la administración pública en el cálculo de los subsidios que se pagan a las empresas de colectivos entre 2011 y 2013.
El fiscal también imputó al ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Antonio Eduardo Sícaro, y a su mujer y también funcionaria, Ana Cecilia Mullan, directora nacional de Regulación Legal de Transporte.
La causa se originó por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, quien sostuvo que entre enero de 2011 y diciembre de 2013 “no se habrían analizado ni tenido en consideración los datos almacenados y registrados a través de los GPS” a pesar de que ya existía un decreto que imponía la obligación de instalar el sistema en los colectivos. Estos GPS permiten obtener información sobre la cantidad de pasajeros y los kilómetros recorridos por las unidades y en base a eso calcular los subsidios que el Estado da a las empresas. Este sistema debía ponerse en marcha en 2007. Sin embargo, no se aplicó, y los subsidios se siguieron pagando según lo que las empresas de transporte público declaraban ante la CNRT. Este año, Randazzo comenzó a aplicar el sistema de GPS luego de que un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) resaltara esta irregularidad. González y el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi investigan a Randazzo en una causa paralela a este expediente por su conexión con el empresario Eduardo Wassi y los contratos otorgados en su ministerio a la empresa Dinatech, que reveló una investigación de PERFIL.
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Randazzo criticó ayer la denuncia. “El año pasado, sin ir más lejos, ahorramos más de 200 millones de pesos por mes, y le agregamos un control extra, colocando GPS a 18.700 colectivos”, dijo en un comunicado. Cargó culpas contra sus predecesores, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, a quienes responsabilizó por no haber puesto en marcha el sistema de GPS.
