La Justicia argentina pide a EE.UU. información sobre presuntos sobornos de Odebrecht

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi solicitó a Estados Unidos, vía Cancillería, que envíe la documentación respecto al reconocimiento que hizo la empresa brasileña Odebrecht acerca del pago de sobornos en la Argentina por 35 millones de dólares.

El magistrado envió una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Susana Malcorra para que, vía exhorto, se le solicite al Departamento de Justicia de Estados Unidos que acelere el envío de documentación sobre las revelaciones de la empresa, según consignó la agencia DyN.

El documento aportado por ese organismo estadounidense, donde se realizará el juicio por los casos de presunta corrupción en Brasil, Odebrecht pagó sobornos por más de 35 millones de dólares en la Argentina durante el gobierno kirchnerista. 

"Entre 2007 y 2014, Odebrecht hizo e impulsó más de 35 de millones de dólares en pagos de sobornos a intermediarios, con el conocimiento de que esos pagos se harían, en parte, a funcionarios del Gobierno en la Argentina", se sostuvo.

Según la manifestación del organismo, la suma involucrada sirvió para conseguir contratos de obras por 278 millones de dólares entre 2007 y 2014, ocho de las cuales están actualmente en curso. Martínez De Giorgi investiga una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña, quien acusó al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, por entender que habría pedido un soborno de 80 mil dólares a la constructora brasileña.

La legisladora se basó en pruebas recolectadas por la Policía Federal de Brasil y una serie de correos electrónicos entre el supuesto testaferro del encarcelado ex secretario, Manuel Vázquez, y Mauricio Couri Riberio, director del grupo Odebretch, y registros de transferencias bancarias.

Martínez De Giorgi había pedido a la Justicia de Brasil que confirme estas pruebas pero aún no había recibido respuesta.

En tanto, el juez federal Sebastián Ramos también tiene en sus manos una denuncia que salpica a Odebrecht, en donde fueron acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido porque el ex ejecutivo de Petrobras Néstor Cerveró -condenado a 12 años de prisión- y el empresario Fernando Soares confesaron que cobraron 300 mil dólares para que la compañía -socia de Odebrecht- vendiera "Transener".

Según dijeron, De Vido participó de las gestiones para que la empresa pasase a una compañía argentina y no a otra de Estados Unidos, con quien ya estaba acordada la venta.

La Oficina Anticorrupción ya se contactó con Brasil para "procurar el aporte de información y elementos de prueba a la causa" que involucra el reconocimiento de Odebrecht de "un presunto pago de sobornos por US$ 35 millones a funcionarios de la República Argentina entre 2007 y 2015".

"La comunicación fue realizada a efectos de colaborar en la individualización de los negocios a través de los cuales se habrían efectuado los pagos y determinar la identidad de sus receptores, para luego disponer esa información a los jueces y fiscales que intervienen en las causas referidas", dijo la OA.

Ocaña, por su parte, afirmó en declaraciones periodísticas: "Siempre tuvimos sospechas de que el 'Lava Jato' (la mega investigación de corrupción en Brasil) tenía líneas en la Argentina. Estamos aportando datos al juez sobre cómo fue el circuito de dinero en la Argentina. Hay indicios de que Jaime y De Vido están involucrados".

En tanto, la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) también le pidió al fiscal federal Carlos Stornelli que disponga "una investigación preliminar" del supuesto "pago de coimas por parte de la constructora Odebrecht a funcionarios públicos argentinos" durante los gobiernos kirchneristas.

Stolbizer, a través de su abogada, Silvina Martínez, propuso como medidas de prueba que "se solicite" al ministerio del Interior y la secretaría de Obras Públicas y Viviendas "la remisión de toda la información y documentación completa en relación a las obras adjudicadas en el período 2007/2015 a la constructora Odebrecht".

También reclamó que la Inspección General de Justicia (IGJ)remita los expedientes de estatutos y modificaciones así como la documentación relativa a la presentación de estados contables de la constructora.

Y que se requiera colaboración al ministerio de Relaciones Exteriores "a fin de recabar toda la documentación necesaria en relación a la causa que tramita ante los Tribunales de los Estados Unidos".