POLITICA LEY DE MEDIOS

La Corte analiza fallar justo antes de las PASO y podría favorecer a Clarín

La norma sería inconstitucional en la mayoría de los puntos de conflicto. Hay diferencias entre sus miembros en cuanto a si habrá sentencia puramente técnica o con tono político.

Foto:Cedoc

La Corte Suprema analiza resolver la cuestión de fondo de la Ley de Medios en los días previos a las elecciones primarias, que se celebrarán el domingo 11 de agosto. En el Máximo Tribunal evaluan un fallo que sería favorable al Grupo Clarín . Ese tribunal resolvió la inconstitucionalidad de parte de los artículos 45, que establece los límites a las licencias, y del artículo 48, que impide alegar “derechos adquiridos” en materia de licencias de comunicación audiovisual. La Cámara, en cambio, determinó la constitucionalidad de los artículos 41 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ver explicación en la página 15).

La Corte fallaría a favor de Clarín, al permitirle al multimedios conservar sus inversiones en televisión por cable, su negocio más redituable. Sin embargo, la duda persiste en torno a si podrá conservar la totalidad de sus inversiones en cable o si deberá desprenderse de una parte, como guiño al Ejecutivo.

El fundamento de los cortesanos para avalar que Clarín conserve el negocio en disputa sería que el cable no entra en la categoría de “recursos limitados” –como el espectro radioeléctrico–, sino que su uso es ilimitado. Eso le permitiría a Clarín conservar sus inversiones en ese sector de las comunicaciones audiovisuales, al menos en su mayoría. El Gobierno exige que desinvierta en esa área.

La ley sería aplicable a los otros servicios de comunicación audiovisual que fueron adjudicados por licencia y que se sirven del espectro radioeléctrico. Estos servicios, como radio y televisión, afectan recursos limitados que pertenecen a la comunidad y están sujetos a las legislaciones nacionales. Por eso, para la Corte, la desinversión de Clarín debería pasar por sus canales de televisión y sus radios.

Para la mayoría de los ministros, la ley resultaría “abstracta” en relación a la impronta tecnológica.

La Procuradora General de la Nación, elegida por la Presidenta,

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Natalia Aguiar