POLITICA
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La Corte Suprema tratará las prisiones preventivas y las penas a represores en 2019

Durante la feria judicial, los magistrados planean cuál será la agenda de la primera mitad de año.

Corte Suprema de Justicia de La Nación.
Corte Suprema de Justicia de La Nación. | Noticias Argentinas (archivo)

Ya arrancó la feria judicial en Argentina pero durante las vacaciones de verano los integrantes de la Corte Suprema prepararán su agenda de cara al 2019. Entre los casos a discutir se encuentra el debate sobre los límites a la prisión preventiva para los casos de corrupción y las penas a represores.

Los cinco integrantes del máximo tribunal deberán consensuar una lista de casos a resolver en este año que comienza y ponerles una fecha. Durante la feria judicial, las dos primeras semanas estará de guardia Juan Carlos Maqueda, la tercera Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz queda a cargo de la cuarta y Elena Highton de Nolasco la quinta, según informó La Nación.

En ese tiempo, cada uno de ellos deberá elaborar la lista de casos para resolver durante este año nuevo y, al menos, indicarán en qué quincena debería salir la sentencia.

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Uno de los temas que deberán resolverse es cuáles son los límites de la prisión preventiva en las causas de corrupción, una de las grandes novedades en el ámbito judicial este 2018 que se implementó a raíz de la causa conocida como “los cuadernos de las coimas”. El juez de la Cámara de Casación Martín Irurzun impulsó una doctrina que permitió los encarcelamientos de exfuncionarios bajo el argumento que conservaban su poder para influenciar testigos y entorpecer la investigación y disponía de recursos económicos para darse a la fuga.

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Con esta doctrina quedaron detenidos varios exfuncionarios kirchneristas, tales como José López, Julio De Vido, Roberto Baratta, José María Olazagasti o Rafael Llorens, entre otros. En las causas de corrupción también fueron arrestados empresarios y personas cercanas a los Kirchner.

Otro de los temas sensibles que deberá resolver la Corte Suprema es la prisión domiciliaria en los casos de crímenes de lesa humanidad, un beneficio que se les negó a condenados por estos delitos mientras que a otros acusados por cargos comunes se les concede. A fines del 2017, se produjo un fuerte repudio al fallo que le otorgó la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz y a la cuestión entró en la agenda.

Durante la primera mitad del año debería salir la sentencia por el caso Farmacity para autorizar o denegar la apertura de locales en la provincia de Buenos Aires. Por el momento ya hubo audiencias públicas. Otro tema posible a debatirse en la inconstitucionalidad de los topes para las jubilaciones y la posibilidad de aplicar el impuesto a las Ganancias sobre las jubilaciones más altas. 

B.D.N. C. P.