Apenas 22 días después de que Oil Combustibles fuera a la quiebra, la Justicia resolvió que la empresa estatal YPF opere la quebrada petrolera de Cristóbal López, preso por no pagarle a la AFIP $ 8 mil millones del impuesto al combustible.
Según se desprende de la resolución, el juez en lo comercial Javier Cosentino decidió elegir a YPF para que asuma el derecho de uso sobre ciertos activos logísticos de Oil –que no incluye la refinería San Lorenzo– y el suministro a la totalidad de estaciones de servicios –que quedará en manos de Dapsa, una antigua refinería asociada con YPF–. A cambio, YPF ofreció pagar 3,3 millones de dólares por mes, durante dos meses y renovables a otros dos. “No estamos administrando ni comprando la empresa, sino que se mantiene en un proceso de quiebra con continuidad comercial”, afirmaron a PERFIL fuentes de YPF. No obstante, el planteo de YPF ante el juez incluía el pedido de que “ante la compra definitiva ambas dispondrán de un derecho a igualar la mejor oferta de compra de un tercero que pueda presentarse”.
Con esta decisión, el juez priorizó a YPF frente a Vitol, Petroil, Lukoil, Trafigura y la cooperativa de trabajadores de la refinería San Lorenzo. En cuatro meses, la Justicia llamará a una licitación para vender definitivamente la ex empresa de Cristóbal.
Otra imputación. El fiscal Ramiro González les sumó hoy una nueva imputación penal a Cristóbal y Fabián De Sousa –presos– y a Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, las caras visibles de OP Investment que administraron el Grupo Indalo desde octubre de 2017. El conductor Bautista “Beto” Casella los acusó penalmente por el vaciamiento y estafa procesal. “Denunciamos que desde que ingresaron Rosner y Delatorre hubo una maniobra para vaciar Oil y las otras firmas, y falsedad en la presentación de los concursos preventivos de las otras empresas, como los medios de comunicación. Ellos se justificaron en variedad de cuestiones para cesar en los pagos, pero la única motivación fue que no pudieron hacer más las transferencias del ITC desde Oil al resto del grupo y ahí se quedaron sin fondos”, explicó a PERFIL el abogado de Casella, Gonzalo Espinosa Paz. Ahora, González le pidió al juez Marcelo Martínez De Giorgi una serie de diligencias.
