Las empresas de Lázaro Báez Austral Construcciones y Gotti SA quedaron envueltas en un caso de venta de facturas truchas. En caso de comprobarse la sospecha, podría constituir una pieza clave en la denuncia por lavado de dinero que está a cargo del juez federal Sebastián Casanello. El origen de la causa se remonta a 2008, cuando la delegación de la AFIP de Bahía Blanca puso el ojo sobre las empresas Grupo Penta y Calvento SA. Les había llamado la atención la enorme cantidad de facturas que generaban las sociedades, que estaban a nombre la misma persona: Silvio Luis Ficcadenti. El 19, PERFIL reveló que se sospechaba que Báez había adquirido facturas apócrifas por 20 millones y estaba siendo investigado por la AFIP. Una fuente citada en la nota había indicado que el Grupo Penta “no tenía empleados ni maquinarias y era manejado por una persona cuyo principal trabajo era venderle facturas a Austral Construcciones”. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ofreció en octubre una conferencia de prensa donde desplegó una estrategia de comunicación muy similar a la que hoy se utiliza en el caso Hotesur, mezclar un caso que roza al Gobierno con infinidad de casos que se presentan como similares. “Parecería que el único caso de facturas truchas fuera el de Lázaro Báez”, lamentó el funcionario tras afirmar que se detectaron “10 mil facturas apócrifas” y que el “uso de este tipo de facturas falsas termina en el sector privado”. También vinculó esta modalidad de estafas a empresas que están enfrentadas o no tienen relación con el Gobierno: “Se podría escribir muchísimo sobre facturas truchas, como es el caso de El Tehuelche, de un diputado nacional. Está Cablevisión, el Banco Santa Cruz. Está YPF, cuando era sociedad anónima”.
