El caso Maldonadotuvo dos jueces federales a cargo: el de Esquel, Guido Otranto y el de Rawson, Gustavo Lleral. Otranto intervino desde que se radicó la denuncia por la desaparición y se inició el Habeas Corpus, hasta el 23 de septiembre, cuando fue apartado de la causa.
El primero. De larga trayectoria en el Poder Judicial, Otranto hizo gran parte de su carrera en Comodoro Py y cuando estalló el caso ya había concursado para ser juez de Cámara en General Roca. Quedó primero y su nombre está en la terna que el Consejo elevó al Ejecutivo. En caso de ser elegido, luego deberá obtener acuerdo del Senado.
Durante su paso por el caso Maldonado ordenó allanamientos a los Escuadrones de Gendarmería que intervinieron en el violento desalojo, mandó a peritar vehículos de la fuerza y dispuso varios rastrillajes, a la par de que empezó a recibir cuestionamientos. Hasta que terminó recusado por la familia Maldonado y el CELS. El detonante fueron sus dichos en una entrevista, en la que aseguró que lo más “razonable” era que Santiago hubiera muerto ahogado, alejándose de la hipótesis de “desaparición forzada”, que sostenían las querellas.
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La decisión de la Cámara fue con fundamento en el temor de parcialidad de la familia Maldonado, pero al mismo tiempo resaltando que no existían elementos que permitieran abrigar “ninguna duda acerca de la honestidad intelectual y apego al cumplimiento de sus funciones del juez Otranto”.
Cuando comenzaron las primeras críticas en el caso, fueron varios los sorprendidos por los embates, porque Otranto nunca fue considerado un juez “antimapuche, ni mucho menos”. Recordaban que en 2015 rechazó aplicar la Ley Antiterrorista contra la comunidad mapuche que poco antes había ocupado tierras de la estancia del empresario Luciano Benetton. En tanto que en 2016 armó una mesa de diálogo por el caso de “La Trochita” y luego dispuso la libertad del líder Jonas Huala, lo que le valió una de las denuncias que tiene ante el Consejo de la Magistratura. Una fue del fallecido gobernador de Chubut, Mario Das Neves y la otra, un apoderado del grupo Benetton. Tras el caso Maldonado se le acumularon otras más.
El otro juez. Luego fue el turno de Lleral, un hombre de Rawson, que un año antes se había convertido en juez. Hasta entonces, y por una década, había sido secretario del otro juzgado Federal de la ciudad.
Graduado en la Universidad de La Plata y especialista en Derecho Penal, en 2009, viajó a Campo de Mayo a tomarle declaración indagatoria al represor, Jorge Rafael Videla, en una causa de lesa humanidad.
En el caso Maldonado, su primer movimiento fue llamar a la familia del joven. Fue incluso antes de tener que hacer las valijas para instalarse en Esquel, donde durante los primeros tres meses del caso tuvo por decisión de la Cámara, dedicación exclusiva.
Tras tomar contacto con el expediente y las partes, Lleral ordenó el nuevo rastrillaje, del que la familia Maldonado formó parte. Fue allí cuando, poco después de empezar, se encontró el cuerpo de Santiago. El magistrado dispuso que no se toque nada hasta que llegaran los peritos de parte. Buscaba que nada contaminara la escena del hallazgo. Y dos días después, en medio de un profundo hermetismo, acompañó él mismo el cuerpo a Buenos Aires, para que el Cuerpo Médico Forense, dependiente de la Corte, realice la autopsia. La noche del viernes 20, con un país en vilo, fue también él quien salió a dar los resultados preliminares que hasta entonces se habían podido certificar.
